(Fwd) Folleto sobre la deuda externa

Nestor Miguel Gorojovsky Gorojovsky at SPAMarnet.com.ar
Fri Aug 25 06:26:50 MDT 2000


Dear Cdes. and friends

This is an important document. It is a resume, in Spanish, or the
recent ruling by a judge that demonstrates, without shade of doubt,
that the Argentinian foreign debt is illegitimate and thus it should
not be paid. There is a clear description of the mechanisms by which
this debt was enforced on the country, the names of the main culprits
are exposed, opinions from the most important experts are commented,
and the concrete consequences of the debt are exposed. Please
distribute, translate and share this document the world over.


¿Qué es la deuda externa?

Juan Gabriel Labaké


Por encargo del FORO de los ARGENTINOS y del FORO ARG. de la DEUDA
EXTERNA

Distribución gratuita       -       Reproducción libre


Setiembre de 2000




I.- INTRODUCCIÓN

Los argentinos debemos hoy a los bancos extranjeros, al FMI, al Banco
 Mundial y a otros organismos internacionales, unos
- 200.000 millones de dólares.
150.000 millones son de deuda pública, que deberá pagar el Estado (o
sea, todos los argentinos) en forma directa.
Los otros 50.000 millones los deben pagar, teóricamente, las empresas
 privadas.  Pero para eso necesitan dólares, que el Estado (el Banco
Central) está obligado por ley a proveérselos a razón de un peso por
cada dólar. En definitiva, todos nosotros deberemos cargar también
con las consecuencias de esos pagos.
La cuenta es sencilla:
- Somos 37 millones de habitantes.
- Cada uno de nosotros  (aún los chicos al nacer) debe 5.405
 dólares a los bancos extranjeros, al FMI y al Banco Mundial.
De ellos,  4.054 dólares los debe por la deuda pública, y 1.351
dólares por la deuda de  las empresas privadas.
- Cada jefe de familia tipo (cuatro personas: esposos y dos
hijos) deberá trabajar, pues, para pagar 21.620 dólares.
¡Una fortuna!

Pero hay algo más: a las tasas de hoy, cada año debemos pagar unos
- 9.500 millones de dólares de intereses por la deuda
pública,
- y otros 3.000 millones por la deuda de las empresas
privadas.
Es decir, un total de 12.500 millones al año: unos 1.042 millones
por mes.
- Eso significa que a cada uno de los 37 millones de
habitantes le corresponde pagar 28 dólares mensuales (o más, si
aumentan las tasas) durante toda la vida por los intereses de esta
deuda monstruosa.
De esa forma,
- el jefe de familia tipo está pagando ya 112 dólares por
mes de intereses de la deuda externa.
Y esto no es un juego de números y de palabras, sino la más cruda
realidad.
- El aumento de impuestos que produjo el gobierno en
diciembre de 1999, y la rebaja de los sueldos estatales de mayo de
este año, fueron medidas tomadas exclusivamente para pagar los 9.500
millones de intereses de la deuda externa.
Obsérvese que el déficit fiscal del Estado nacional es de unos 5.500
 millones anuales hoy en día. Es decir,
- si no tuviéramos que pagar aquellos 9.500 millones de
intereses, nos sobraría dinero (4.000 millones) en las arcas
oficiales y no habríamos necesitado ni el impuestazo de diciembre, ni
 el salariazo al revés de mayo. Al contrario, con ese dinero
podríamos  haber construido escuelas y hospitales, aumentado las
jubilaciones,  ayudado a los desocupados (alcanzaría para pagar un
subsidio por  desempleo de un poco más de 1.800 pesos o dólares al
año a todos los  desocupados, es decir, 2.200.000 planes Trabajar, en
lugar de los  actuales 70.000), etc.
- Para pagar esos 9.500 millones, aún deberemos soportar
otros impuestazos y salariazos al revés, no sólo este año, sino por
bastantes años más.
- Por otro lado, los economistas nacionales han calculado que el
salario real ha disminuido un 25% en los últimos 10 ó 12 años. O sea
que
· un trabajador que hoy gana $400 mensuales, debería estar
ganando $530 por mes para estar igual que en 1988. 
· Es decir, hoy gana $130 menos, y el peso de los intereses
de la deuda son unos $112. Qué coincidencia!
Pero no es una coincidencia casual.
Los gobernantes, con la deuda y con el resto de la política económica
 de estos años, provocaron voluntariamente la disminución del
salario,  y con ello lograron concentrar la riqueza del país en muy
pocas  manos:
· unos diez grupos económicos locales,
· los bancos acreedores extranjeros
· y las grandes corporaciones multinacionales que se quedaron
con casi todas las empresas públicas y privadas (las grandes y varias
 medianas) argentinas.
Esos grupos, a medida que acaparaban nuestras riquezas, exigían
dólares al banco Central para girar (fugar) la mayor parte de sus
ganancias al exterior. Más adelante veremos que el estudio de
distintos rubros de la economía argentina demuestra que la gran parte
 de la deuda se debió a esa fuga de capitales al exterior.  Otra
parte  se fugó gracias a la llamada “bicicleta financiera”.
Lo dicho sirve para demostrar la relación que hay entre la baja de
los salarios, la concentración de la riqueza y los efectos de la
deuda externa.
- De los $130 que pierde mensualmente  cada trabajador, 
$112 se destinan a pagar los intereses de la deuda (creada
fundamentalmente por la fuga de capitales),
- y los otros $18 representan la parte de riqueza
concentrada y que no fugaron... aún.
Y ése es el aspecto más alevoso de esta historia: la deuda la
estamos pagando todos, pero benefició solamente a un puñado de
grandes empresas nacionales y extranjeras que fugaron su ganancia al
exterior. Nos quedamos sin nada, mejor dicho, sólo con la deuda.
II.- ¿DEBEMOS PAGAR LA DEUDA?
Para responder esa pregunta adecuadamente, debemos considerar
previamente cuatro cuestiones:
1.-  La deuda, ¿fue contraída legítimamente?
2.- ¿Podemos pagarla sin provocar un daño enorme a nuestra economía
y a nuestro pueblo?
3.- ¿Realmente debemos algo todavía?
4.- Los acreedores, ¿son inocentes o también ellos tienen su culpa
en este drama nuestro?
Veamos cada uno de esos aspectos.
1.- La deuda, ¿fue contraída legítimamente?
1.1.- La denuncia del Dr. Alejandro Olmos
En  agosto de 1982, hace justamente 18 años, el Dr. Alejandro Olmos
presentó una denuncia criminal ante el Juzgado Federal Nº 2, para que
 se investigara el origen de la deuda que, en ese entonces, era de
unos 37.000 millones, mientras que al comenzar el gobierno militar,
en marzo de 1976, era sólo de 7.500 millones. El Dr. Olmos era un
hombre de bien, que jamás quiso afiliarse a un partido político, y
nunca ocupó un cargo público, aunque trabajó siempre en cuestiones
que nos beneficiaban a todos los argentinos. Murió en abril de este
año, cuando faltaban muy pocos meses para que su denuncia diera
frutos. El juez, Dr. Jorge Ballestero, dictó sentencia en ese juicio
el 15 de julio de este año.
A dicha denuncia de Olmos, se sumaron luego otras presentaciones
judiciales similares efectuadas por Jorge Eduardo Solá, José Alberto
Deheza,  José Manuel Marino, Carlos Alberto Hours, Walter Beveraggi
Allende, Carlos Saúl Menem (en 1984, mientras era gobernador de La
Rioja) y Osvaldo Destéfani.
En los 18 años que duró ese juicio iniciado por Olmos, se reunieron
más de 6.000 hojas con pericias, declaraciones de testigos y otras
pruebas y trámites judiciales, y se investigaron detalladamente 457
créditos aprobados por el Banco Central, más 20 avales mal otorgados
por el Banco de la Nación y por el ex Banco Nacional de Desarrollo-
BANADE.
Los principales bancos extranjeros involucrados en esos créditos
fueron el Bank of America, Republik Bank of Dallas, Citibank, Banco
de Boston, Chase Manhatann Bank, Lloyds Bank, Wells Fargo Bank,
Citicorp, Marine Midland Bank, Banco Mundial, Unión de Bancos Árabes
y Franceses, Banco de la Sociedad Financiera Europea, D.G. Bank,
Banco Europeo de Crédito, Unión de Bancos Suizos, Banco di Roma y
Banco de la Nación Argentina. El asunto era muy “pesado” porque
involucraba a los poderosos y reales dueños de nuestro país: grandes
bancos extranjeros, FMI, Banco Mundial, grandes empresas
multinacionales, unos 10 grupos económicos argentinos enormes, y un
equipo numeroso de altos funcionarios del Proceso Militar.
Por ese motivo, dicho  juicio tardó tanto tiempo. Ningún juez se
animaba a dictar sentencia sin estar muy seguro de lo que iba a
hacer. Por la misma causa, los jueces no se conformaron con las
pericias de los contadores y economistas estables de Tribunales, que
son muchos y capaces, sino que pidieron a las más prestigiosas
instituciones nacionales de ciencias económicas que sugirieran
nombres de profesionales de primer nivel como peritos especiales.
De esa manera, intervinieron en total 30 peritos de alta capacidad y
 solvencia moral, entre los cuales se destacan el Dr. Sabatino
Fiorino, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires; el Dr. Alberto Tandurella, del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires; el Dr. William
Leslie Chapman, de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (que
presidía el Dr. Guillermo Walter Klein, padre del economista del
mismo nombre que estaba investigado en ese juicio); los Dres. Héctor
Valle y Osvaldo Trocca,de la Fundación de Investigaciones para el
Desarrollo Económico; el Dr. José Alberto Deheza, ex Fiscal de Estado
 y ex ministro de Defensa; el Dr. Nicolás Argentato, que en ese
tiempo  era rector de la Universidad Católica de La Plata; y el Dr.
Enrique  García Vázquez, que luego fue presidente del Banco Central.
El alto nivel profesional y humano de los peritos es lo que le da
tanta importancia a sus dictámenes. Nadie puede poner en duda sus
conclusiones. 
Los doctores Valle, Trocca, Deheza, Argentato y García Vázquez
investigaron la política económica que se aplicó entre el 24 de marzo
 de 1976 (fecha del golpe militar que derrocó al gobierno
constitucional) y el 10 diciembre de 1983, día en que terminó el
llamado Proceso Militar. Ahora debe investigarse desde 1983 en
adelante.
El resto de los peritos investigó el procedimiento técnico y
bancario que usaron los gobernantes de ese período para contraer la
deuda.
Además, se tomó declaración a 29 testigos, y se pidieron 20 informes
 por escrito a otros tantos funcionarios.
1.2.- La política económica
El gobierno militar que asumió el 24 de marzo de 1976 nombró como
ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, el cual formó su
 equipo con economistas surgidos, casi todos, de la Universidad anglo-
 norteamericana de Chicago. Todos ellos se desempañaban, hasta ese
momento, como asesores y ejecutivos de bancos y empresas extranjeras.
 El propio Martínez de Hoz era, y lo siguió siendo siempre (hasta
hoy), miembro del Consejo Asesor Internacional  del Chase Manhatann
Bank, de propiedad de David Rockefeller y su familia.
Al asumir el gobierno militar, Martínez de Hoz proclamó dos
objetivos centrales de su política económica:
· eliminar la inflación
· y modernizar (“deconstruir”) la industria nacional. 
Obsérvese que son los mismos dos objetivos que proclamaron en 1989 y
 1991 los doctores Carlos Menem y Domingo Cavallo.
“Deconstruir” la industria, según Martínez y su equipo,
significaba“destruir el aparato industrial que ya existía, por ser 
ineficiente, para construir luego uno moderno y eficiente que pudiera
 competir internacionalmente”.
Para alcanzar esos dos objetivos centrales (vencer la inflación y
“modernizar” la industria), desde 1976 se dispuso:
· Reducir drásticamente la emisión de dinero desde el Banco
Central.
· No autorizar aumentos  de tarifas de los servicios públicos
(cuyas empresas eran estatales).
· “Abrir” la economía a las corrientes comerciales
(exportación e importación de mercaderías), para lo cual se bajaron
los impuestos a las importaciones (para obligar a bajar los precios
de los productos nacionales).
· Decretar la libertad de movimientos para los capitales
financieros internacionales (se podía entrar y sacar del país
cualquier moneda extranjera).
No hace falta ser economista para darse cuenta que:
· Al reducir la emisión de dinero nuestro, cada vez que el
Estado tuviera déficit fiscal, debía pedir un préstamo al exterior.
No había otro remedio, pues los argentinos no disponían de
suficientes ahorros en pesos como para prestárselos al Estado.
· Al no permitir aumentos en las tarifas de los servicios
públicos para cubrir los mayores costos producidos por la inflación
que seguía existiendo, las empresas del Estado tendrían
obligatoriamente que pedir préstamos en el extranjero para cubrir el
bache.
· Al bajar los impuestos aduaneros, los productos importados
desde países con menores salarios, o con tecnologías más avanzadas,
arrasarían a los nuestros y harían tambalear a las empresas
nacionales, forzándolas a pedir préstamos en el extranjero en su afán
 de salvarse de la quiebra.
· Al decretar la libre entrada y salida de capitales
financieros, vendrían sobre todo los especulativos de corto plazo
(los “golondrinas”), que vienen, especulan  con rapidez y se van
(fugando “libremente” sus ganancias).
En definitiva, se adoptó intencionadamente una política económica
que impulsó al país a endeudarse en el extranjero, con o sin
necesidad, y a cubrir los  subsiguientes requerimientos nuestros de
créditos externos (insistamos, artificialmente creados) con capitales
 especulativos (“golondrinas”).
Por otro lado, con el mismo argumento de bajar la inflación,
Martínez de Hoz adoptó la llamada “tablita cambiaria”, por la cual
uno podía saber con varios meses de anticipación el precio al cual el
 Banco Central se obligaba a venderle esa moneda extranjera cada
semana.
Finalmente, y como era de prever, los intereses que cobraban los
bancos radicados en la Argentina eran bastante más altos que los que
se cobraban en los países desarrollados. Ese fenómeno era y es
conocido por todos los economistas, pues la inflación (la existente
en forma abierta, o la reprimida o disimulada) y la debilidad de
nuestra economía “asustan” a los inversores (sobre todo a los
especulativos), los cuales exigen mayores intereses para prestarnos
sus dólares.
Todo ello dio nacimiento a una gigantesca “bicicleta financiera”
como ya veremos.
Sigamos observando la similitud entre esa situación y la actual. La
única diferencia “técnica” es que antes se les aseguraba a los
especuladores un cambio fijo a través de la “tablita”, y hoy se lo
hace con la convertibilidad “uno a uno” entre el peso y el dólar.
De esa manera, quien deseara o necesitara obtener un préstamo, estaba
 tentado, sino obligado, a recurrir al extranjero. El asunto se
agravó  para las empresas del Estado, pues Martínez de Hoz y su
equipo, no  sólo les negaron los aumentos de tarifas para cubrirse de
la  inflación reinante, sino que les exigieron pedir créditos en el
extranjero, aún cuando no lo necesitaran. Cuando llegaron los dólares
 al Banco Central (por ahí debían entrar siempre), el Ministerio de
Economía le dio orden de 
· no entregarlos a la empresa estatal que los pidió, sino
darle a ésta sólo los pesos correspondientes y al cambio oficial (que
 era artificialmente menor que el cambio “libre”,  el “del
mercado”);
· el Banco podía, luego,  retener esos dólares en sus arcas (o
 depositarlos en un banco extranjero), que pasaban así a engrosar las
 “reservas internacionales”;
· también podía venderlos “en el mercado” (a los particulares
y a las empresas privadas que los solicitaran para emplearlos casi
siempre en  la “bicicleta financiera”); con ello lograban mantener la
 “tablita cambiaria” sin modificaciones (en esto se empleó la gran
mayoría de los dólares). 
Cada empresa del Estado fue obligada a meterse en esa trampa: YPF,
YCF, SEGBA, OSN, Aerolíneas Argentinas, etc. Todas. 
De modo que nuestras empresas públicas se endeudaron sin necesidad,
pero no vieron los dólares. El Banco Central les entregó pesos.
Cuando hubo que pagar esos créditos, las empresas públicas pidieron
al Banco Central que, al menos, les vendiera dólares al precio
oficial (que era, insistamos, mucho más barato que el dólar “libre”,
el que se  compraba “en el mercado”). El Banco se los negó, a pesar
de que las empresas privadas, como ya veremos, sí compraban sus
dólares al precio oficial, pues se les había otorgado (Cavallo, en
1981) lo que se llama “un seguro de cambio” garantizado por el
Estado. Las empresas públicas, pues, debieron comprar dólares caros,
carísimos, en el “mercado”, para pagar  créditos externos que no
necesitaban y cuyos dólares no recibieron nunca. Los peritos han
determinado que YPF, por ejemplo, fue obligada a endeudarse de esa
forma en 6.000 millones de dólares. Entre febrero de 1979 y marzo de
1980, YPF fue obligada a tomar 153 préstamos en el extranjero, la
mayoría con plazos menores a los seis meses.
La prohibición de aumentar las tarifas de los servicios, decretada
por Martínez de Hoz a pesar de la inflación vigente, junto con esta
maniobra increíble, fueron las principales responsables del déficit
que soportaron las empresas públicas. Por eso,
  el juez Dr. Jorge Ballestero, al dictar sentencia en el juicio
iniciado por Alejandro Olmos, afirma que esa deuda artificial
(realmente “inventada”)  de las empresas del Estado influyó para que,
 luego, cuando Menem y Cavallo las privatizaron, su precio fuera muy
inferior al valor real de ellas.
A su vez, los dólares que llegaban por los préstamos tomados
forzadamente por las empresas públicas, y volcados “al mercado” por
el Banco Central, eran  aprovechados por las grandes empresas
nacionales y extranjeras y por simples especuladores para
beneficiarse impunemente con la citada “bicicleta financiera”,
fomentada por la política económica. Un “inversor” (extranjero o
argentino) compraba esos dólares baratos, los cambiaba por pesos y
los colocaba en un plazo fijo a un interés del 9% y hasta del 25%,
según la época, cuando en el exterior sólo le habrían pagado entre el
 3% y el 7%.
Muchos, incluso, pedían un préstamo en el extranjero, por el cual
pagaban bajos intereses, traían los dólares acá; los cambiaban por
pesos, y colocaban éstos a plazo fijo con elevados intereses. Al cabo
 de seis meses o un año, retiraban el plazo fijo, lo volvían a
transformar en dólares, reintegraban el crédito pedido en el
extranjero y se quedaban con una suculenta ganancia que fugaban al
exterior. Todo ello, recordemos, era facilitado por la “tablita”, que
 aseguraba un dólar barato y conocido de antemano, y por la libertad
de movimientos de los capitales (podían entrar y salir libremente).
Sin duda existieron pequeños inversores (también especuladores) que
hicieron su “bicicleta” por algunos miles de dólares. Pero los miles
de millones que perdimos fueron producto de las gigantescas
“bicicletas” de grupos con mucho, muchísimo, poder económico, que en
más de un caso estaban íntimamente ligados con los más altos
funcionarios económicos del gobierno.
En este punto, el Dr. Enrique García Vázquez aportó al Juzgado un
dato de suma importancia:
- Entre 1978 y 1981, las remesas (giros) de dólares al
exterior que no tuvieron justificativo alguno (o sea, la fuga de
capitales) sumaron en total 38.528 millones de dólares.
- Al finalizar 1981, nuestra deuda externa era de 31.794
millones.
- Eso significa que, si las grandes empresas nacionales y
extranjeras y los especuladores no hubieran fugado sus ganancias
(obtenidas por la concentración de la riqueza y por la “bicicleta
financiera”), en diciembre de 1981, dice el Dr. García Vázquez,
nosotros ya no habríamos tenido deuda externa, sino un sobrante de
6.734 millones de dólares.
A una conclusión semejante llega el Dr. José Alberto Deheza, para un
 período cercano al estudiado por el Dr. Vázquez.
- Entre 1976 y 1981, la deuda creció en 27.586 millones;
- pero nuestro déficit de cuenta corriente (exportaciones
contra importaciones, más déficit en el rubro intereses, servicios,
seguros, “royaltíes”, etc.), que es el único que crea necesidad real
de pedir préstamos extranjeros, fue de sólo 5.586 millones.
- Es decir, sobran 22.000 millones de deuda que sólo pueden
explicarse por la inmensa fuga de capitales que fomentó el gobierno.
A grandes rasgos, ésa fue la política económica que produjo el
endeudamiento hasta 1983, y que aún continúa en nuestros días. Por
ese mismo motivo nos seguimos endeudando a pasos agigantados.
Al respecto, el licenciado Eduardo Basualdo, del Instituto de
Estudio sobre Estado y Participación-IDEP, ha efectuado un cálculo
que no figura en el fallo del juez Ballestero:
- Entre 1991 y 1998, los empresarios recibieron 70.400
millones más de ganancias que el promedio recibido entre 1970 y 1975,
 debido a la concentración de la riqueza a que hemos aludido.
- En el mismo período fugaron del país una cifra muy
cercana: 63.400 millones.
La similitud es por demás sugestiva.
La fuga tiene además, actualmente, otras vertientes. Los economistas
 de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico-
FIDE,  han calculado que, entre 1992 y 1997, las empresas extranjeras
 fugaron disimuladamente unos 12.000 millones a través de las
siguientes maniobras (tampoco figuran en el fallo del juez):
- Cada vez que invierten una suma de dólares acá, la hacen
figurar como “préstamos de la Casa Matriz” a su sucursal argentina,
con los intereses del caso. De ese modo fugan una buena suma   
disfrazada de “pago de intereses”. De paso, esos intereses figuran
como “gastos” en sus balances, ahorrándose el correspondiente
impuesto a las ganancias.
- Cuando la sucursal argentina le compra algún insumo a su
Casa Matriz, ésta se los factura con un sobreprecio inmenso (hubo
casos en que se “pagó” 1.850 dólares por el kilo de un producto cuyo
precio internacional real era de sólo 40 dólares); con ello logran
igual resultado que en el punto anterior: fugan dólares y pagan menos
 impuesto a las ganancias.
- La sucursal argentina figura pagándole patentes
(“royalties”) a su propia Casa Matriz por las marcas y la tecnología
que usa.
La conclusión es bien clara: los dólares vinieron y se fugaron por
distintos vericuetos, para beneficio exclusivo de unos pocos “amigos”
 (de acá y de afuera). Así creció nuestra deuda externa, sin dejarnos
 nada.
1.3.- Los procedimientos bancarios con los cuales nos endeudaron
El juez Ballestero, en su sentencia, menciona numerosas
irregularidades (en realidad, son maniobras casi siempre delictivas)
que cometieron los responsables del Banco Central y del Ministerio de
 Economía para contraer la deuda fuera de toda norma de control y a
espaldas de la gente. En el tema de los avales, también son
responsables las autoridades del Banco de la Nación y del ex Banco
Nacional de Desarrollo-BANADE. En resumen, dichas maniobras fueron
las siguientes:
1.-  Muchos préstamos fueron aprobados por el Banco Central por
actas secretas (fueron once actas en total). Cuando el juez solicitó
que se las enviaran, los responsables del Banco se negaron, y aún se
niegan.
2.- “El Banco Central no tiene registros contables de la deuda
externa, y sólo maneja los datos de ella en forma estadística”, dijo
al juez su entonces presidente, Dr. Adolfo Diz. Con el debido
respeto, sólo llevaban una libreta de almacenero donde anotaban cada
crédito que se pedía...
3.- El Ministerio de Economía no llevaba registro alguno de la
deuda, ni siquiera con fines estadísticos.
4.- Cuando el juez preguntó al mismo Dr. Diz dónde anotaban algunos
préstamos sobre los cuales no había ninguna documentación, ni
siquiera “estadística”, éste contestó, aunque parezca una broma, “en
una libreta negra”.
5.- Los peritos se quejaron que, tanto el Banco Central, como el
Ministerio de Economía, el Banco de la Nación y el ex BANADE, 
retacearon información y pusieron obstáculos a su labor
investigadora. Esos obstáculos permanecen aún en la actualidad.
6.- El presidente del Banco Central, Dr. Adolfo Diz, autorizó muchos
créditos sin el consentimiento del Directorio y sin rendir cuenta a
éste después, a pesar de que  la Carta Orgánica del Banco así lo
exige.
7.- Igual conducta tuvo el vicepresidente, Cristian Zimmermann, con
el agravante de que no informó siquiera al presidente Diz.
8.- Además de todas las maniobras descriptas, el Dr. Domingo
Cavallo, cuando fue presidente del Banco Central (1981), estatizó la
deuda de la empresas privadas y les otorgó un generoso seguro de
cambio. Esa medida aumentó la deuda externa pública artificialmente
en 13.000 millones de dólares.
9.- Ni el Directorio del Banco Central, ni el Ministerio de
Economía, realizaron un estudio sobre las condiciones económica y
financieras internacionales que aconsejaban no endeudar al país
(sobre todo a partir de 1979, que  fue justamente el período  en que
más deuda externa se contrajo).
10.- Las autoridades de ambos organismos oficiales desoyeron los
informes y las críticas que le elevaban sus propios cuerpos técnicos
(Gerencia de Investigaciones y Estadísticas Económicas, y Gerencia
del Sector Externo), y actuaron con “negligencia, impericia e
indiferencia” ante el peligroso crecimiento de la deuda.
11.- El acrecentamiento de la deuda externa privada y pública entre
1976 y 1982 fue “excesivo, perjudicial y carente de justificación
económica, financiera y administrativa”.
12.- La deuda se contrajo durante un gobierno militar, sin el
control del Parlamento que exige la Constitución Nacional.
13.- Las negociaciones con el FMI, que condicionaban el
endeudamiento, no fueron dadas a publicidad por el gobierno militar.
14.- Al 22 de enero de 1985, las empresas privadas habían obtenidos
créditos externos, aprobados por el Banco Central, por 23.000
millones de dólares; de entre las 70 deudoras más grandes, 26 eran
bancos y financieras, es decir, empresas que pidieron dinero para
represtarlo acá (en pesos y a tasas mucho mayores; en buena medida
fueron fondos que ingresaron a la “bicicleta financiera”).
15.- Agentes privados (como Narciso Ocampo y Juan Peralta Ramos)
gestionaron créditos en nombre del Banco Central, sin que puedan
conocerse los motivos que hubo para esa conducta irregular y si se
les pagó comisión por ello.
16.- El Banco Central pagó gastos,  comisiones y honorarios mayores
a los usuales en cada caso, sin dar explicaciones.
17.- Se redactaron en idioma inglés contratos de préstamos externos
pactados y firmados en Buenos Aires.
18.- La Unión de Bancos Suizos, al otorgar algunos créditos, influyó
 para que el Estado comprara la “Compañía Ítalo Argentina de
Electricidad”, que era del propio ministro de Economía, Dr. Martínez
de Hoz, en sociedad con dicho banco. Con el agravante (no figura en
el fallo del juez) de que se pagó por esa empresa un precio siete
veces superior al real (en 1975 fue tasada en 49 millones de dólares
por el gobierno constitucional, y en 1976, siendo ya ministro
Martínez de Hoz, el Estado la compró en 340 millones de dólares).
[Agregado personal de Néstor Gorojovsky: directamente vinculados con
la Unión de Bancos Suizos están, además, los hermanos Juan y Roberto
Alemann, figuras fundamentales en todo este proceso]
19.- El Banco Central exceptuó al BANADE y al Banco de la Ciudad de
Buenos Aires de exigir los requisitos legales para otorgar avales a
grandes empresas que luego no pagaron sus créditos, debiendo hacerlo
el Estado.
1.4.- Los avales tramposos
Cualquier persona o empresa que desee obtener un aval bancario, para
 usarlo como garantía en la obtención de un crédito en otro banco,
debe cumplir muy estrictas normas técnicas: demostrar que tiene
solvencia, patrimonio, balances con superávit,  utilidades
suficientes como para pagar el crédito, que invertirá el crédito en
un proyecto rentable, etc. Además, debe ofrecer una contragarantía al
 banco que le da el aval (casi siempre, exigen una hipoteca).
Sin embargo, en la época investigada (1976 á 1983), el Banco de la
Nación, el de la Ciudad de Buenos Aires y el BANADE, con expresa
aprobación del Ministerio de Economía y del Banco Central, otorgaron
240 avales sin ninguna de esas exigencias. Muchos de esos    avales
fueron incumplidos por los avalados, y el Estado debió cargar con el
pago del crédito correspondiente. Además, el Ministerio de Economía
no persiguió a los  deudores tramposos para recuperar lo ya pagado
por el Estado (ni siquiera les inició juicio, después de tantos
años). Tampoco hizo uso del llamado “derecho de excusión”, por el
cual un avalista puede pedir al juez que primero le rematen los
bienes al deudor, y si con ellos no se alcanza a pagar la deuda,
recién se remata (o ejecuta) al avalista.
La situación de Martínez de Hoz y su equipo se agrava al considerar
los nombres de las empresas tramposas. No son humildes PyMes, sino
todas de gran envergadura: Acindar S.A., Autopistas Urbanas S.A.-
AUSA, Covimet S.A., Parques Interama S.A., Aluar S.A., Papel Prensa
S.A. (de propiedad de los diarios Clarín y La Nación),  Induclor
S.A., etc.
En total se otorgaron avales por 6.500 millones de dólares, de los
cuales los incumplidos tramposamente sumaron 1.405 millones. De
aquellos 6.500 millones, unos 1.500 millones se otorgaron a un sólo
grupo de intereses: Celulosa Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y
Papel del Tucumán.
1.5.- Los mayores responsables
El fallo del juez menciona a ocho responsables principales de esta
verdadera estafa cometida contra la Argentina.
En primerísimo lugar, responsabiliza al Dr. José Alfredo Martínez de
 Hoz. Inmediatamente después, sindica como responsables a los otros
tres ministros de Economía del Proceso Militar, Dres. Lorenzo Sigaut,
 Roberto T. Alemann y Jorge Wehbe.
En el mismo nivel de responsabilidad, el juez Ballestero señala a
los cuatro presidentes del Banco Central de ese período, Dres. Adolfo
 Diz,  Egidio Iannella, Domingo Felipe Cavallo y Julio González del
Solar.
Una mención especial merece la conducta del Dr. José Luis Machinea,
que fue Gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante todo
el gobierno militar. El fallo del juez lo inculpa de “incumplimiento
de sus obligaciones de funcionario público”. Los dictámenes de los
peritos son más duros aún. El Dr. Sabatino Fiorino (de la Facultad de
 Derecho), en concordancia con otros peritos,  llega a decir:
- ... en la tramitación de la deuda externa hubo connivencia
 (de los funcionarios oficiales) con los supuestos acreedores...
- Tengo la convicción que el Dr. Machinea ha sido factor
relevante de estos acontecimientos. Sin su activo concurso, o su
pasividad, según los casos, no hubiera sido posible formalizar los
contratos...
- ... Machinea se encargó de fundamentar técnicamente... el
endeudamiento de YPF...
- ... No es posible disimular la falta en que ha incurrido
Machinea al no revelar la arbitrariedad de la relación entre el
deudor y el acreedor.
- ... Ello hace recaer sobre Machinea la consiguiente
responsabilidad y necesidad de no permitirle participar, en nombre
del país, en negociaciones que signifiquen la aceptación de la
legitimidad de la deuda...
Otros señalados, en forma particular,  como responsables importantes
 son:
Cristian Zimmermann (ex vicepresidente del Banco Central), Enrique
Folcini y Francisco Soldati (ex Directores del Banco Central), y
Guillermo Walter Klein (ex viceministro de Economía de Martínez de
Hoz). El Dr. Klein es hijo del economista del mismo nombre que
designó al perito Dr. Tandurella. También es, o era, socio del hijo
de Mariano Grondona en el Estudio Jurídico “Klein-Mayral”, que fue
allanado por orden de la Cámara de Diputados de la Nación, en 1984,
en búsqueda de documentación que probara la connivencia con los
bancos extranjeros acreedores. Un juez, posteriormente, ordenó
devolver la documentación a Klein, y la investigación de Diputados
quedó en la nada.
En forma genérica, el fallo hace responsables también a todos los
funcionarios jerárquicos del Ministerio de Economía y del Banco
Central de esa época.
1.6.- Agravantes
El Dr. Ballestero señala en su fallo que hubo circunstancias de suma
gravedad que comprometen aún más a los autores de este desastre
nacional:
Primer agravante
El gobierno (Ministerio de Economía y Banco Central) solicitaba, o
hacía solicitar créditos que no necesitábamos. Cuando llegaban los
dólares, el Banco Central los depositaba en bancos extranjeros que le
 pagaban un interés sensiblemente menor que el que nosotros debíamos
pagar por los mismos dólares.
Así, entre julio  y noviembre de 1976 (en sólo cinco meses), el
Banco Central obtuvo créditos por 22 millones de dólares, pagando un
interés del 8,75%, y los depositó inmediatamente en el Chase
Manhatann Bank de Nueva York, cobrando un interés del 5,60%.
Esos dólares nuestros, puestos a un interés tan bajo, eran
aprovechados luego por el gobierno de EEUU para financiar en forma
muy barata su propio déficit fiscal. Más adelante veremos que el
gobierno anglo-norteamericano, y todos los bancos extranjeros
acreedores nuestros, más el FMI y el Banco Mundial, fueron quienes
nos “aconsejaron” (en realidad, nos forzaron a) endeudarnos entre
1976 y 1983, cuando no lo necesitábamos.
Incluso, se dio el caso (varias veces) de recibir un crédito de un
banco determinado, para recolocarlo de inmediato en el mismo banco,
el cual ganaba la diferencia de intereses impúdicamente.
Todo ese manejo ruinoso de créditos y depósito adquiere ribetes
tenebrosos cuando se recuerda que el Dr. Martínez de Hoz era,
simultáneamente, ministro de Economía y miembro del Consejo Asesor
Internacional del Chase Manhatann Bank de Nueva York.
Segundo agravante
En todos los países civilizados del mundo, cuando se firma un
contrato entre el Estado y una empresa privada extranjera, y para
colmo se lo firma en el territorio de ese Estado, son los jueces de
dicho país (los locales) quienes deben intervenir si hay alguna
diferencia o duda posterior sobre lo pactado. Así estaba expresamente
 establecido en nuestras leyes.
Apenas se inició el gobierno militar, y a instancias del Dr.
Martínez de Hoz, se reformó esa norma y se permitió al gobierno
contratar con grupos privados extranjeros, dejando en manos de éstos
la elección del juez que intervendría luego en caso de pleitos. Eso
se llama “prórroga de jurisdicción”.
Es común que un particular renuncie a ser juzgado por los Tribunales
 que le corresponden por ley, pero se conocen muy pocos casos en la
historia internacional en que lo haya hecho un Estado, y esos casos
son los de los países vencidos en una guerra. Para el Estado, la
facultad de que lo juzguen sus propios jueces es irrenunciable,
porque forma parte de su poder soberano, de la soberanía nacional.
Por supuesto, cada uno de los bancos acreedores eligió a los
Tribunales de su propio país. De ese modo, cualquier reclamo que
deseemos hacer por nuestra deuda externa debemos elevarlo a los
jueces de Nueva York, en unos casos, o de Londres, Tokio o Francfort,
 en otros.
Es, quizás, uno de los más graves daños que nos han hecho, no sólo
por la pérdida de soberanía que eso significa, sino por las
consecuencias económicas que analizaremos más abajo.
Tercer agravante
Ya dijimos que el Ministerio de Economía obligaba a las empresas
públicas a endeudarse en dólares. Muchas de ellas no poseen bienes en
 el extranjero, ya sea en forma estable o transitoria. Otras sí.
A los bancos prestamistas les convenía, para tenernos más a su
disposición aún, que todas las empresas estatales se hicieran
solidariamente avalistas entre sí, por los créditos que tomara cada
una de ellas (se denomina “entrecruzamiento de avales”). Y así  lo
aceptó el ministro de Economía del gobierno militar. Todas las
empresas públicas avalaron en conjunto las deudas de cualquiera de
ellas. De ese modo, Aerolíneas Argentinas, por ejemplo (cuyos aviones
 vuelan, o volaban, hacia muchos países del mundo), avaló las deudas
de Obras Sanitarias de la Nación, de SEGBA, o de alguna otra cuyos
bienes estaban sólo acá. Si el deudor (OSN o SEGBA) no pagaba algún
crédito, el banco acreedor podía embargar los aviones de Aerolíneas
en cualquier aeropuerto del mundo en que aterrizaran. Nada menos.
Con toda razón, el juez Jorge Ballestero concluye su sentencia con
palabras condenatorias y muy severas:
.. el país fue puesto desde 1976 bajo la voluntad de acreedores
externos..., bajo la supervisión del FMI y del Banco Mundial...
mediante una política económica vulgar y agraviante que puso de
rodillas al país... para beneficiar a empresas privadas nacionales y
extranjeras, en desmedro de las empresas del Estado.
A pesar de todo, el juez no condenó a nadie, por considerar que la
causa ha prescripto (es decir, ha quedado sin efecto por el paso del
tiempo: 18 años). Desde nuestro punto de vista, eso es discutible, y
trataremos que sea apelado.
Vale la pena consignar que se nos dice permanentemente, desde los
sectores interesados, que debemos “honrar la deuda externa”. Pero,
objetivamente hablando y de acuerdo a las pruebas irrefutables
acumulados en este fallo,  la que no es “honrada” es la deuda misma,
y mucho menos honrados fueron los acreedores y los funcionarios
argentinos que la contrajeron. Mal nos pueden pedir que nosotros la
honremos.
La verdad es que, mientras no nos demuestren lo contrario, los
únicos honrados en esta verdadera tragedia nacional somos los
argentinos que tenemos que pagarla.
2.- ¿Podemos pagar la deuda externa sin provocar un daño enorme a
nuestra economía y a nuestro pueblo?
Tanto los principios morales, como el Derecho universalmente
aceptado, impiden a un  acreedor exigir el pago de sus créditos
cuando ello provocaría un daño muy grande al deudor. La sensibilidad
humana ha dictado esa regla respetada en todo el mundo. El mayor
poeta y dramaturgo de lengua inglesa (la lengua que hablan nuestros
más poderosos y exigentes acreedores) escribió hace 400 años una obra
 teatral (El mercader de Venecia) sobre la frialdad con que un
acreedor insensible e inhumano exige, como pago, “una libra de carne”
 del deudor, cuando éste ya no tiene dinero para “honrar su deuda”.
Sin ningún tipo de exageración, hoy podemos decir que los bancos
acreedores se están cobrando la deuda con una libra (o varias) de 
carne de nuestra gente. Es sabido que mueren 55 niños argentinos por
día, debido a la desnutrición. No hace falta relatar los sufrimientos
 que soportan nuestros abuelos jubilados, los desocupados, los
subempleados, los que salen a hacer changas para no dejar morir de
hambre a su familia, etc. Y hemos dicho ya que esas lacras sociales
son productos directos e ineludibles de los 11.700 millones de
dólares que debemos pagar de intereses anuales por la deuda externa.
Además, esa tremenda factura de intereses se lleva casi todo el
dinero que deberíamos destinar a inversiones productivas para
desarrollar nuestra economía y  crear nuevos puestos  de trabajo.
Por otro lado, en Derecho se estudia que, cuando un deudor es más
débil  que su acreedor, y éste le exige sacrificios muy grandes para
cumplir con lo pactado, dicho deudor está liberado de cumplir con lo
que prometió. A ese caso se lo denomina “lesión gravísima”.
Nosotros estamos sufriendo una auténtica situación de “lesión
gravísima”. Moral y jurídicamente estamos eximidos de pagar.
El problema es que, si quisiéramos hacer valer ese derecho,
deberíamos pleitear ante los Tribunales de Nueva York, Londres,
Francfort, etc., debido a aquella irresponsable “prórroga de
jurisdicción” que aceptaron los gobernantes del Proceso Militar. No
hay ningún argentino tan tonto como para creer que esos Tribunales
nos darán la razón, aunque la tengamos. De ahí la gravedad de la
“prórroga de jurisdicción” pactada por Martínez de Hoz y su equipo.
Es de las peores cosas que hicieron: nos ataron de pies y manos.
3.- Realmente, ¿ debemos algo todavía?
La deuda comenzó a crecer abrupta y aceleradamente a partir del 24 de
 marzo de 1976 (día del golpe militar). Ya veremos porqué.
En ese tiempo se respetaba una regla no escrita, pero universalmente
 aceptada, sobre el monto de los intereses: debían ser uno o dos
puntos más que la inflación que sufría la moneda en la que se daba el
 préstamo. En ese entonces, un economista argentino que  era nada
menos que Director General de la CEPAL (Comisión Económica Para
América Latina, perteneciente a las Naciones Unidas), el Dr. Raúl
Prebisch, dijo públicamente:
"El país que acepte pagar intereses del tres ciento sobre la
inflación, se fundirá."
En 1979, y cuando ya nos habíamos endeudado en varios miles de
millones de dólares, EEUU decidió aumentar sustancialmente las tasas
de interés del dólar, para frenar la inflación que sufría. Hasta ese
momento, pagábamos entre el 6% y el 8% de interés. Debido a esa
decisión unilateral del gobierno anglo-norteamericano, llegamos a
pagar, en la década de  1980, hasta el 22% de interés anual. Una
deuda con esa elevadísima  tasa de interés se duplica por sí sola en
menos de cuatro años. Ése fue nuestro caso.
Los Dres. Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno han calculado que,
si hubiéramos pagado siempre un interés de uno o dos puntos sobre la
inflación de EEUU, habríamos saldado totalmente nuestra deuda en
1988.
El ex presidente peruano, Alan García, por su lado, calcula que
debido a esa suba injustificada y unilateral de los intereses
estadounidenses, Latinoamérica debía en 1979 u$s191.000 millones.
Desde ese año ha pagado intereses por1.165.000 millones. A pesar de
lo cual, en 1999 debía aún  750.000 millones! Esas cifras hablan por
sí solas.
Los argentinos hemos pagado nuestra deuda entre dos y tres veces, y
todavía debemos 200.000 millones. Pero el drama se repite: ¿cuál
Tribunal de Nueva York, Londres, Tokio o Francfort, reconocerá
nuestros derechos?
4.- Los acreedores, ¿son inocentes o también ellos tienen su culpa
en este drama nuestro?
Dejemos hablar al juez Dr. Ballestero:

* Llama poderosamente la atención la permisividad de los organismos
financieros internacionales, y la actitud concordante de la misma
banca extranjera que hoy reclama a la República Argentinas el pago de
 sus créditos.
* El FMI es en la actualidad el principal control del funcionamiento
del sistema financiero internacional.
*Por ello, se debe determinar la corresponsabilidad y eventual culpa
 de los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial,
especialmente) y de la banca acreedora, porque durante el período
examinado (1976 a 1982) concurrieron a nuestro país muchas misiones
técnicas del FMI para analizar la marcha de la economía argentina.
* Además, concurrieron a nuestro país misiones técnicas del Banco
Mundial con el mismo fin y para tratar el financiamiento de
proyectos.
*¿Qué recomendaciones realizaron el FMI y el Banco Mundial sobre la
economía argentina y su grado de endeudamiento externo?
* Los bancos tenían en aquel entonces gran interés en colocar sus
fondos en los países en desarrollo, sin interesarles ni el destino
que se les daría ni la capacidad de pago de los deudores.
* Se concluye que los bancos acreedores, el FMI y el Banco Mundial
también actuaron con imprudencia, y dieron créditos  movidos por el
afán desmedido de colocar los fondos provenientes del auge de la
explotación petrolera.
Tal como dice el Dr. Ballestero en su fallo, en 1976, los bancos
extranjeros deseaban a toda costa colocar de alguna manera los
gigantescos fondos que le depositaban los países petroleros. En esas
circunstancias, “convencieron” a Martínez de Hoz y su equipo (y a los
 militares gobernantes) de que era un gran negocio pedir un préstamo
al 8,75% de interés, y colocar esos mismos dólares  nuevamente en el
banco prestador al 5,60%...
Luego, cuando en 1979 EEUU necesitó subir la tasa de interés del
dólar por problemas internos suyos, el pato de la boda fuimos
nosotros.
El resto es historia reciente.
Ahora habrá que actuar con decisión y con habilidad  a la vez.  El
tema no es sencillo, pero tampoco insoluble.
Lo primero que debemos comprender es que la solución es de tipo
político, no económico. Sin  el suficiente poder nacional, es inútil
pretender una salida airosa.
Soluciones hay, pero para alcanzarlas los argentinos debemos comenzar
 por unirnos organizadamente.

Néstor Miguel Gorojovsky
gorojovsky at arnet.com.ar





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