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Here is the letter mentioned in part 1:

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Señor Doctor: Valentín Paniagua Corazao, Presidente de la República.

Señor Doctor Carlos Ferrero Costa, Presidente del Congreso de la
República

Señor Presidente:

Los firmantes, prisioneros políticos y prisioneros de guerra,
procesados y sentenciados por los llamados delitos de "terrorismo" y
“traición a la patria", recluidos en el Establecimiento Penal de
Yanamayo, a ustedes con el debido respeto decimos:

Que, haciendo uso del derecho de petición reconocido por el articulo
2º inciso 20 de la vigente Constitución Política del Perú, nos
dirigimos a ustedes en su condición de ser actualmente, las más altas
autoridades de dos de los poderes del Estado: Ejecutivo y Legislativo
respectivamente, para pedir se vea la solución política a los
problemas derivados de la guerra interna desenvuelta en el país desde
1980, y hoy ya terminada, así como la solución política a los
problemas que afectan al pueblo peruano. A continuación planteamos
cinco puntos, su fundamentación y posibles soluciones.

1.- Solución política a los problemas derivados de la guerra
a) Situación de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra.
b) Situación de los requisitoriados.
c) Situación de los expatriados.
d) Situación de los desaparecidos.
e) Situación de los desplazados.

2.- Verdadera amnistía general en función de una futura
reconciliación nacional.

3.- Democratización de la sociedad peruana.

4.- Producción nacional y trabajo para el pueblo.

5.- Cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao.


Fundamentos:

Sobre la guerra interna en el Perú

El Partido Comunista del Perú (PCP), que fuera fundado por José Carlos
Mariátegui el año 1928, se reconstituyó en los setentas del siglo
pasado bajo la dirección y Jefatura del Dr. Abimael Guzmán Reinoso
-Presidente Gonzalo- y el 17 de mayo de 1980, Inició la lucha armada
en el país, en una sociedad semifeudal, semicolonial y de capitalismo
burocrático.  Lucha armada contra el sistema Imperante, sistema de
explotación y opresión del pueblo, responsable de que en le actualidad
existan 14 millones de peruanos que viven en pobreza y mas de 3
millones de personas que viven en extrema pobreza, un sistema que ha
llevado a que hoy exista un 10% de desempleados y 75% de
subempleados. Un sistema cuya explotación y opresión desde siglos
atrás sume al pueblo en el hambre, la miseria. la ignorancia y el
atraso que vuelve más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.

Este tipo de sociedad impide el desarrollo y la democracia que las
masas demandan y necesitan, constriñe las fuerzas productivas y hunde
la producción nacional. Orden que lleva en sus entrañas la corrupción
y la descomposición de sus instituciones, y lo que hoy ocurre, no nos
debe extrañar porque es el resultado de su propia estructura y cuya
responsabilidad está en las clases que conducen el Estado y el
gobierno.

La guerra popular se guió por la ideología del proletariado el
Marxismo-Leninismo-Maoísmo-Pensamiento Gonzalo, insurgió y se
desarrolló a lo largo y ancho del país, las masas vieron que empezaban
a emanciparse de la explotación y opresión que por siglos sufren y
miles se incorporaron a la guerra. Enfrentó primero al gobierno de
Belaúnde, posteriormente al gobierno fascista de Alan García
sustentado en el APRA, luego al gobierno genocida vendepatria de
Fujimori. La guerra Popular se desarrolló hasta el equilibrio
estratégico aplicando la independencia, autodecisión y
autosostenimiento, jamás se sustentó en el narcotráfico como se le ha
imputado, esto lo saben bien las masas, el gobierno de Belaúnde, de
García Pérez y de Fujimori. El Partido Comunista del Perú nunca aplicó
el genocidio, la tortura, el secuestro ni desapariciones. La guerra
popular es el más grande movimiento social revolucionario de la
historia peruana y deja una ingente experiencia principalmente
positiva partiendo del hecho de que el Perú a partir de 1980 ha
sufrido cambios profundos que la historia se encargará de valorar en
su real dimensión.

En Septiembre de 1992 con la detención del Doctor Abimael Guzmán
Reinoso -Presidente Gonzalo-, se produjo un giro estratégico para el
Partido Comunista del Perú, para la guerra popular y la revolución
peruana, que quedaron sin la dirección proletaria capaz de conducirlos
a la conquista del Poder para el proletariado y el pueblo, porque el
problema de la guerra es cuestión de dirección política. Por ello es
que en octubre de l993 el Dr. Abimael Guzmán Reinoso -Presidente
Gonzalo- planteó que la guerra debía terminar con una solución
política y remitió dos cartas al gobierno de Alberto Fujimori pidiendo
conversaciones para un Acuerdo de Paz que termine la guerra, porque la
paz había devenido en necesidad del pueblo, la nación y la sociedad
peruana en su conjunto. Se desenvolvió la histórica Ronda de
Conversaciones en los años 93, 94 y 95. Si no se llegó a concretar el
Acuerdo de Paz fue principalmente por la posición dentro del propio
Partido a terminar la guerra por un Acuerdo de Paz, a lo que se sumó
una campaña negra en contra y la propia responsabilidad del gobierno
de Fujimori que prosiguiendo la línea y política genocida del Estado
peruano aplicó creciente represión militar dejando de lado una
solución política para el término de la guerra.

El Estado peruano, por su parte combatió la guerra popular
desenvolviendo una línea y política genocida desde diciembre de l982
en que ingresaron las Fuerzas Armadas a combatir directamente la
guerra, creando además fuerzas complementarias (rondas campesinas,
rondas urbanas, mesnadas). El gobierno de Fernando Belaunde Terry
desató una sangrienta represión contra el pueblo, con miles de
desaparecidos, fosas comunes en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac
principalmente, aparte de otros lugares, aparecen cadáveres regados en
las carreteras.  Allí están como expresión de ese periodo los
genocidios de Uchuraccay, Haychao, Iquicha, Huambo y otros tantos, el
asesinato de detenidos heridos en el Hospital de Ayacucho. Luego el
gobierno de Alan García, que después de decir que no combatiría la
barbarie con la barbarie, siguió el mismo camino genocida, extendiendo
la represión y el genocidio a la ciudad. Están como prueba los
genocidios de Accomarca, Umaru, Bellavista, Parcco, Pomatambo, Cayara
entre otros tantos en el campo y en la ciudad el genocidio del 4 de
octubre de 1985 en el Pabellón Británico del Penal de Lurigancho, el
genocidio de los penales de El Frontón, Lurigancho y Callao en el 86
(300 muertos en un día) que fue ordenado por el propio García Pérez y
el arrasamiento de barriadas como Garagay y Bocanegra en Lima, la
detención y desaparición de miles de personas en todo el país. En Lima
la desaparición del estudiante de la Universidad Católica Castillo
Páez, del Dr. José Vásquez Huayca, el asesinato del Dr. Manuel Febres
Flores el 28 de julio de 1988 ordenado por el propio García Pérez y
ejecutado por el Grupo Rodrigo Franco, fuerza complementaria creada
por el gobierno de García Pérez para desaparecer y asesinar, el
horrendo asesinato de dos estudiantes en la carretera Sur de Lima,
dinamitaron sus cuerpos cuando estaban con vida y sembraron las
cabezas en la arena -fotografías en los periódicos- entre otras
desapariciones y asesinatos.

Finalmente la dictadura genocida vendepatria de A. Fujimori
prosiguiendo la línea y política genocida del Estado peruano como lo
muestran los genocidios de la Cantuta, Barrios Altos, Huancayo,
Ayacucho, HuaIlaga. En el Penal de Canto Grande, en Mayo de 1992 (50
prisioneros asesinados) el incremento de desapariciones en 2 años (de
Agosto 1990 a Agosto 92) el número de desaparecidos superó
porcentualmente al número producido en ese mismo período con el
gobierno de Belaúnde y el de García Pérez.

Así la línea y política genocida ha sido aplicada desde 1982 por todos
los gobiernos del Perú contra el pueblo, sistemáticamente han ido
violando, desconociendo y negando los derechos fundamentales del
pueblo peruano, negándole el derecho político fundamental que tiene a
rebelarse contra el hambre, la miseria, la explotación y opresión que
sufre de siglos y construir una nueva sociedad. Téngase en cuenta que
a partir de 1993, luego de las Cartas pidiendo conversaciones para un
Acuerdo de Paz, que ha sido un hecho decisivo en la política peruana
para el término de la guerra interna y por tanto para que también
concluya la línea y política genocida del Estado peruano.

Le guerra ha terminado, pero como consecuencia de ello quedan graves
problemas que el Estado peruano debe resolver, porque le corresponde
hacerlo en función de una verdadera reconciliación nacional, de una
democratización de la sociedad peruana en donde haya campo para el
desarrollo de la producción nacional y trabajo para el pueblo.

Por ello, es que planteamos los siguientes problemas y cuestiones, su
fundamento y solución:

1.- Solución política de los problemas derivados de la guerra.

a) Situación de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra.

Antecedentes : Como resultado de la guerra interna desenvuelta en el
Perú desde mayo de 1980 han habido y hay prisioneros políticos y
prisioneros de guerra.

Antes de precisar la situación de los prisioneros en la actualidad,
señalaremos algunas cuestiones necesarias referentes a los detenidos
por razones de la guerra. Quienes eran detenidos fueron torturados,
encarcelados, enjuiciados, sentenciados y hasta desaparecidos muchos
de ellos.

Se inicia la guerra y comienzan las detenciones, y con éstas las
torturas, secuestros, y desapariciones. Los detenidos eran recluidos
en las cárceles de los lugares de detención. Pero a raíz de la acción
armada en la cárcel de Ayacucho el 2 de marzo de 1982 (acción en la
que el Partido Comunista del Perú liberó a sus prisioneros) el
entonces Presidente de la República Arquitecto Fernando Belaúnde Terry
dispuso el traslado de todos los prisioneros de todas las cárceles del
país a la ciudad de Lima, concentrándolos en las cárceles del Callao
(Alipio Ponce), El Frontón y posteriormente en Lurigancho a los
varones y Callao a las mujeres. Lo que es una violación del derecho
penitenciario y del derecho humanitario.

Este traslado implicó para los prisioneros: golpizas, asesinatos como
el caso del profesor Donato Méndez en la cárcel del Callao,
aislamiento de sus familiares y abogados, pérdida de todas sus
pertenencias, paralización de sus procesos, y, en conclusión. la
perdida de sus derechos fundamentales universalmente reconocidos.

Desde 1982 hasta 1985, el Estado peruano ejecuta todo tipo de
hostilizaciones, provocaciones contra los prisioneros, sus familiares
y abogados; y hasta asesinatos aislados: 4 en el Frontón, 2 baleados y
2 envenenados, aparte del fallecimiento por falta de atención médica y
farmacológica. Además durante los años 82,83 y parte del 84 los
procesos en su mayoría estaban paralizados, o bien porque los
expedientes de provincias no llegaban al distrito judicial de Lima, o
bien porque jueces y vocales se negaban a continuar con los procesos.

Asimismo no permitían el ingreso de los alimentos que llevaban sus
familiares, comían sólo la paila que entregaba el INPE de pésima
calidad, llegando incluso con desperdicios, vidrios y ratas. Tampoco
ingresaban libros, periódicos ni revistas. En El Frontón había
racionamiento de agua y lavaban su ropa con agua salada.

Las requisas eran: sinónimo de feroces golpizas y en general el trato
que recibían por parte de la policía e INPE era de maltrato
permanente.  Ante lo cual los prisioneros expresaron su rechazo y su
protesta exigiendo el respeto de sus derechos llegando el 17 de julio
de 1985 a suscribir un acta por la que el Estado les reconocía la
condición de "presos especiales" y otros derechos fundamentales
universalmente reconocidos, que les habían sido negados.

El 28 de julio de l985 asumió el gobierno Alan García Pérez, cabeza
del APRA, su gobierno continuó con la línea y política genocida del
Estado contra el Partido Comunista del Perú, la guerra popular y el
pueblo, aparte de que en su gobierno el pueblo sufrió más hambre y
miseria.  Inició su gobierno profundizando la represión y genocidio en
campo y ciudad. ahí están los genocidios de Accomarca, Umaru,
Bellavista, Parcco, Pomatambo, Cayara y muchos otros en el campo. En
la ciudad de Lima arrasamientos de barriadas por desalojos con
heridos, asesinados y desaparecidos, como en Bocanegra y Garagay.

En los penales, desde el inicio de su gobierno empezó a planificar su
primer genocidio, desconociendo el Acta suscrita con el gobierno del
Arquitecto Belaúnde, negó y desconoció todos los derechos
fundamentales que les fueron reconocidos por el Estado, intensificó el
hostigamiento, golpizas, represión con lanzallamas, instigación a los
presos comunes para provocar a los prisioneros aplicando la política
reaccionaria de enfrentar presos contra presos como hacía en campo y
ciudad enfrentando masas contra masas, desenvolvió amenazas de muerte,
culminando todo este proceso con el genocidio del 4 de octubre de 1985
en el Pabellón Británico del Penal de Lurigancho donde asesinaron a 30
prisioneros entre ametrallados y quemados, quedando 34 heridos de
gravedad y el resto de sobrevivientes con heridas y contusiones de
menor gravedad. Se ensañaron con los cadáveres que fueron quemados con
bombas de fósforo quedando irreconocibles, aparte de que no fueron
entregados a sus familiares. 28 tumbas sin nombre en el Cementerio
Presbítero Maestro quedan para la historia como expresión del odio
genocida de García Pérez contra los prisioneros de guerra.

Pero el 30 y 31 de octubre de 1985, García Pérez y su gobierno se
vieron obligados a suscribir un Acta en la que se reconocía el Acta
suscrita en julio del mismo año y el reconocimiento de los derechos
fundamentales que había conculcado y negado.

Esta situación no duró mucho tiempo porque el gobierno empezó a
planificar un nuevo genocidio, que lo ejecutó los días 18 y 19 de
junio de l986 asesinando vilmente a 300 prisioneros, 125 en
Lurigancho, más de 150 en El Frontón entre asesinados y desaparecidos
y 2 en el Callao.  Los cadáveres de los 125 de Lurigancho fueron
regados en los cementerios desde Cañete hasta Barranca: de El Frontón,
los pocos cuerpos o pedazos de ellos, que aparecieron fueron dejados
en los cementerios de San Bartolo y Pachacamac, de los desaparecidos
nunca más se supo.

Este monstruoso e infame genocidio jamás ocurrido en la historia del
mundo con prisioneros, fue perpetrado por las Fuerzas Armadas y
Fuerzas Policiales, pero dispuesto y ordenado por García Pérez y su
Consejo de Ministros con la complicidad del Fiscal de la Nación
Elejalde y otros políticos.

El 28 de julio de 1990 asumió el gobierno el Ingeniero Alberto
Fujimori Fujimori. La guerra popular había alcanzado el equilibrio
estratégico, y el Estado peruano por su necesidad tenía que cumplir
tres tareas: reimpulsar el capitalismo burocrático, reestructurar el
Estado y aniquilar la guerra popular. Continuó la línea y política
genocida del Estado, y es así que bajo la imputación de que los
prisioneros del Penal Castro Castro tenían armas y habían hecho
forados, los días 6, 7,8 y 9 de mayo de 1992, Fujimori consumó su
genocidio contra los prisioneros, asesinando selectivamente a 50, a
los que creían que eran dirigentes. Los sobrevivientes fueron
diseminados por diferentes penales del país desde Cachiche en Ica
hasta Yanamayo en Puno.

El 5 de abril de 1992, el Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori dio
golpe de Estado para aplicar un gobierno de concentración absoluta del
poder, centrado en el Ejecutivo, un gobierno presidencialista y
desenvolver un largo plan de liberalismo, dictadura genocida y
vendepatria que se ha desenvuelto en toda la década del 90 hasta su
hundimiento en el inicio de su tercer gobierno.

Después del golpe del 5 de abril barrió y demolió toda la estructura
legal existente del Estado, cuya base es el derecho demoliberal
burgués, desde la Constitución de 1979 hasta normas de grado o nivel
inferior.  En este punto nos interesa ver sobre los detenidos, su
juzgamiento y carcelería porque de ello deriva la situación actual de
los prisioneros.

El 5 de mayo de 1992 el gobierno de facto llamado "gobierno de
Emergencia y Reconstrucción Nacional" expidió el anticonstitucional
Decreto Ley Nº 25475, estableció la cadena perpetua como pena, los
jueces y tribunales sin rostro, barriendo así todos los derechos y
garantías judiciales fundamentales; le siguió el Decreto Ley Nº 25499,
llamado ley de arrepentimiento por la cual el detenido casi siempre
torturado y con ofrecimientos de libertad entregaba a otras personas.

Luego viene el inconstitucional Decreto Ley Nº 25659 expedido el 13 de
agosto de 1992 que crea el llamado delito de "traición a la patria" y
establece la competencia del Fuero Militar para los civiles; el
Decreto Ley Nº 25708 que establece el procedimiento sumario para los
juicios de traición a la patria en el teatro de operaciones, entre
otras aberraciones jurídicas; el Decreto Ley Nº 25728 que establece el
juzgamiento y condena en ausencia; el Decreto Ley Nº 25744 que
establece la detención policial de los presuntos implicados por
termino indefinido, la negación del derecho de defensa (el abogado
defensor no puede patrocinar a más de un encausado), el robo y saqueo
de las pertenencias de los detenidos, entre otras aberraciones
jurídicas; el Decreto Ley Nº 25880 por el que comprenden en el delito
de "traición a la patria" a los docentes que "influyan en sus alumnos
haciendo apología de ese delito"; el Decreto Ley Nº 25916 que reitera
prohibición de los beneficios penitenciarios. Y dentro de todas estas
normas violatorias de todos los derechos fundamentales reconocidos
universalmente, se da la Resolución Suprema Nº 114- 92- JUS del 13- 8-
92 que aprueba el Reglamento del Régimen de visita a los internos por
delito de terrorismo que incluso viola el artículo 20º del
inconstitucional Decreto Ley Nº 25475 que establece visita semanal y
de familiares " mas cercanos", sin embargo la Resolución Suprema
acotada establece visita mensual y de familiares directos, pues no es
lo mismo cercanos que directos. Así lo que hacen con la mano lo borran
con el codo. Pero en ambos casos transgreden, desconocen y niegan los
derechos fundamentales establecidos por la Constitución Política de
1979 vigente a la fecha y las leyes especiales.

Así se negó el derecho de defensa, la prueba en juicio, el principio
de la duda favorece al reo e insólitamente se estableció: “la duda
favorece a la sociedad”, lo dijo públicamente Fujimori y los
tribunales tanto civiles como militares lo aplicaron sin dudas ni
murmuraciones; se estableció los tribunales militares y el juzgamiento
en el teatro de operaciones sin oportunidad de actuar pruebas, es
decir, en el campo de batalla, se estableció los jueces y tribunales
sin rostro en ambos fueros, convirtiéndose los procesos judiciales en
parodias o comedias sometiendo al acusado a un proceso semejante a los
habidos en la Santa Inquisición o peor, el abogado de oficio era un
inquisidor más, repartieron penas de cadena perpetua e internamiento
absolutamente indefinido a diestra y siniestra, los jueces y
magistrados de tribunales de ambos fueros incurrieron en un conjunto
de delitos por los cuales deberían responder. Los llamados
arrepentidos hacían declaraciones "secretas" fuera del expediente y
con ellas, consideradas como "prueba" plena y secreto de Estado, se
condenaba con penas monstruosas.

Así demolieron el sistema jurídico, para perseguir, detener,
encarcelar y condenar a los detenidos, mientras ellos robaban y
saqueaban el país, sumiendo al pueblo en la miseria, en el hambre y la
desocupación, es decir más explotación y más opresión contra el
pueblo.

Situación actual de los prisioneros

De lo anteriormente expresado deriva la situación de los prisioneros
políticos y de los prisioneros de guerra en las cárceles del país a
partir de los 90 a hoy.

1) Se ha impuesto penas. crueles e inhumanas como la de internamiento
absolutamente indefinido o no menor de 25 años y la de cadena perpetua
negando su sistema jurídico y penitenciario movidos sólo por su afán
de venganza y escarmiento.

2) Se han anulado procesos desde 1980 que habían pasado a la condición
de cosa juzgada, imponiéndose penas monstruosas, cuando en algunos
casos a los sumo correspondía una pena máxima de 2 a 4 años por el
delito de tranquilidad pública o seguridad, o bien, otros habían sido
absueltos u otros condenados con pena cumplida. Cabe mencionar el caso
de Esteban Cari Montesinos detenido en octubre de 1983 en Puno por
tranquilidad pública, fue juzgado por un tribunal sin rostro y le
impusieron: 20 años de carcelería; el de Roberto Cahuantico
Cahuantico, detenido el 17 de octubre de 1990 en Lima, hasta le fecha
no es juzgado; el de Yenny Saez Román detenida en 1994, se le imputó
hechos ocurridos cuando era menor de edad, pero le impusieron Cadena
perpetua. Los tres se encuentran en el Penal de Máxima Seguridad de
Yanamayo. Estos casos son solo una muestra de todos los abusos,
ilegalidades, arbitrariedades y monstruosidades cometidas por el
Estado a través de sus jueces y Vocales.

3) Condiciones de carcelería, las condiciones a que son sometidos los
prisioneros políticos y prisioneros de guerra son violatorios de los
derechos fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución
Política del Estado, legislación y tratados internacionales (Pacto de
San José de Costa Rica, declaración Universal de los derechos
humanos), así como de las normas mínimas aplicables a los conflictos
internos establecidos en el artículo 3º común a los Convenios de
Ginebra.

Es un régimen de reducción, aislamiento y aniquilamiento sistemático y
sofisticado, que dé conformidad al artículo 319 inciso 3º del Código
Penal Peruano, constituye una modalidad de genocidio, genocidio que
desde l1983 es parte de la línea y política genocida del
Estado. Genocidio, porque busca el exterminio sistemático de las
personas comprendidas en los llamados delitos de terrorismo y traición
a la patria.

Cierto es que, como resultado de la histórica Ronda de Conversaciones
llevada adelante entre el gobierno del Ingeniero Alberto Fujimori
Fujimori y el Dr . Abimael Guzmán Reinoso -Presidente Gonzalo- y Elena
Iparraguirre Revoredo -Camarada Miriam- mejoraron mínimamente las
condiciones carcelarias; pero aún subsisten en algunos penales esas
crueles e ignominiosas condiciones, violatorias de los más elementales
derechos de la persona.

Un caso especial son las del Dr. Abimael Guzmán Reinoso -Presidente
Gonzalo-, Elena Iparraguirre Revoredo -Camarada Miriam- y de otros
prisioneros que se encuentren en el Penal Militar de la Base Naval del
Callao, allí las condiciones carcelarias son inhumanas, ignominiosas,
crueles y degradantes de la condición humana, los prisioneros son
sometidos a un sistema de aislamiento total de 23 horas de encierro
(recientemente tienen dos horas de patio) en una celda totalmente
cerrada de 2 x 2 m.  con una pequeñísima abertura en el techo,
obligados a guardar silencio todo el día porque ni siquiera pueden
conversar de una celda a otra, es decir entre prisioneros. Lo que
implica un sistema de reducción, aislamiento y aniquilamiento
sistemático y sofisticado, buscando reducirlos a la condición de
sub-humanos.  Pues el hombre es un ser social, pensamos que "La
existencia ,para el hombre es una existencia social de acción y
transformación de la naturaleza y la sociedad, la existencia para
otros animales no humanos no es así, ellos dentro de relaciones
gregarias más o menos complejas con elementales sistemas cerebrales
reducidos a satisfacer necesidades de subsistencia y perpetuación de
sus especies solamente. La vida para el ser humano no se puede
circunscribir a comer, digerir y evacuar, únicamente a considerar que
sus sistemas fisiológicos funcionen con cierta normalidad".

"Por lo tanto, el aislamiento, mas aún el aislamiento absoluto y
perpetuo, es la negación de los derechos fundamentales que se agrega a
la privación de la libertad de los prisioneros de guerra, apunta a
reducirlos a la condición de sub-humanos y a destruir sus esencia
social de hombre, seres humanos, es un plan de reducción y
aniquilamiento sistemático y sofisticado que el imperialismo ha creado
para combatir la revolución destruyendo a los revolucionarios..." .

Consideramos que "El ser humanos es un producto social, la sociedad
los crea, los modela,... El hombre siendo producto de le sociedad es
eminentemente social, no puede vivir al margen de ella porque se
destruye su condición esencial.... Y el hombre, ser social, pensante y
actuante vive y se desarrolla en medio de relaciones sociales
necesariamente de clase, en une sociedad de clases, de diverso tipo:
ideológicas, políticas, laborales, profesionales, manuales,
intelectuales, técnicas ; de clase social, o de grupo, gremio, región,
nación o mundiales. Así mismo, el ser humano tiene relaciones
personales y familiares dentro de estas, la relación conyugal (que
obviamente es la que genera el parentesco directo) es primordial como
dijera Marx la relación entre hombre y mujer es la más personal,
directa y necesaria del ser humano y, más aún, su forma de
desarrollarla expresa profundamente su propia condición humana, su
humanidad. Si al ser humano, al hombre, se le anulan todas las
relaciones sociales se le destruye, se le aniquila, su simple
subsistir deviene inútil, su vida se torna apariencia y realmente es
un muerto en vida".

Cabe mencionar las ignominiosas condiciones de carcelería a las que
los prisioneros fuimos sometidos a partir del año 92: aislamiento
celular continuo por un año y si el interno era trasladado de un penal
a otro, pretendieron obligar a un nuevo cómputo de inicio del año,
media hora de patio y veintitrés horas y media de encierro en una
celda de 2 x 2.5m. donde esta la letrina, el pozo de agua y la cama y
son para 2 y hasta 4 prisioneros de guerra, las ventanas del pasadizo
hechas de tal Forma para impedir el ingreso de le luz solar. había
racionamiento de agua de uno a dos baldes por día. No se permitía el
ingreso de alimentos, ni frutas ni verduras que traían los familiares
en la visita. Tampoco ingresaban materiales de estudio, cultura y
trabajo, ni un lapicero, ni una aguja.

Esto es sólo una parte, por ello reiteremos que esas ignominiosas
condiciones de carcelería deben cesar. Las condiciones políticas del
país han cambiado. La guerra ha terminado. La venganza política del
Estado peruano contra los prisioneros debe terminar. debe respetarse
lo que la Constitución establece sobre los ambientes que ocupan los
presos.

4) Salud

Los prisioneros tenemos derecho a mantener nuestra salud física y
mental, así como el derecho a recuperar la salud si ésta ha sido
desmejorada o deteriorada en el grado que fuera. El propio Código de
Ejecución Penal en su articulo 76º dice : El interno tiene derecho a
alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental. La
administración penitenciaria proveerá lo necesario para el desarrollo
de los acciones de prevención, promoción y recuperación de la
salud". Sin embargo tenemos deficiente atención médica, sobre todo la
especializada, y pésima o nula la de fármacos, así cono la falta de
exámenes auxiliares. No hay una política de salud coherente para los
penales por parte del INPE.  Frente a nuestros reclamos se dan
paliativos pero el problema de salud no está resuelto. El Estado está
obligado a respetar nuestro derecho a la salud, a proporcionarnos la
atención médica y farmacológica adecuada e idónea.

Debe evitarse lo que ya ocurrió anteriormente, pues el INPE tras
pretexto de motivos de seguridad dispuso que ningún interno del
Establecimiento Penal de Yanamayo sea evacuado al Hospital de Puno o
trasladado por motivos de salud a Lima o Arequipa, en los hechos,
sentenciaba a muerte a los internos que requerían atención
hospitalaria o bien ser trasladados a Lima por su delicado estado de
salud, y así se les negó el derecho a la salud y a la vida ,
poniéndolos en grave riesgo, así, pasaban los años y sólo cuando
estaban en silla de ruedas, en estado de suma gravedad eran
trasladados a Lima, en algunos casos los efectos de la enfermedad han
sido irreversibles. Denunciamos la muerte del prisionero Edwin Melitón
Cárdenas, que por falta de atención médica, negligentemente se le dejó
morir en el tópico del Penal, crimen de lesa humanidad; pues por
varios meses vivió entre la celda y el tópico, pero sin recibir la
atención médica que necesitaba, porque ni siquiera se le practico los
exámenes que requería. Murió sin que se conozca cuál fue la causa de
su deceso. Se ocultó los resultados de la necropsia. Cabe mencionar un
caso preocupante, el de 'tumoraciones óseas" llamados osteomas,
ubicadas en el maxilar inferior, habiendo 25 casos en todo el Penal,
de ellos 15 de los firmantes (10% de la población penal), estas
tumoraciones aparecieron hace tres años, sin embargo no se da solución
al problema.

[ end Part I ]






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