Un economista se pregunta sobre la Argentina

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Sat Jun 30 13:29:45 MDT 2001


Siete preguntas tras un destino de país 




Manuel Figueroa



Julio 2001

Siete preguntas tras un destino de país 

1. ¿ Como se configura el principal problema socioeconómico del país ?

Alrededor de 14 millones de personas experimentan en todo el país el flagelo de 
la exclusión generada por el desempleo, la exclusión y la pobreza dentro de una 
sociedad que presenta extrema polarización en la distribución del ingreso: el 
92 % de la población registra niveles per cápita del orden de 2.120 dólares 
anuales en cuanto el 8 % dispone de un per cápita de 42.146 dólares anuales. A 
lo largo de la historia, la interacción de una diversidad de factores 
produjeron tales resultados y, aunque su exhaustivo análisis excede los 
límites del presente ensayo, es útil esbozar, en breve síntesis, algunos ejes 
interpretativos.
Al comienzo de la conquista, el territorio que hoy pertenece a la Argentina 
tenía una población de 403.000 habitantes, la mitad de los cuales en la región 
del noroeste. Hacia 1810 se estimaba en 610.000 habitantes. En 1857, los 
registros estadísticos referían una población de 1.300.000 personas y el censo 
de 1897 consignaba ya 4.044.911 habitantes dejando constancia que en los 
últimos 47 años habían ingresado al país 2.832.175 inmigrantes de ultramar. El 
censo de 1947 señalaba una población total de 16.000.000 de habitantes; de 20 
millones en 1960, de 32.000.000 en 1991 y en torno a los 37 millones en los 
días actuales. Hasta 1895, el país conservaba en sus áreas rurales un 62,6 % de 
su población en cuanto las ciudades asentaban tan solo al 37,4 %; en 1914 ya la 
población urbana representaba un 52,7 % de la población total; en 1960, un 72 
%; en 1980, un 82,8 % y en 1991 un 88,4%.
A partir de 1960, cuando el país ya había transferido hacia las áreas urbanas 
casi tres cuartas partes de su población, en vez de diversificar y consolidar 
las bases de su economía para generar la oferta ocupacional que la sociedad 
requería, avanzó, por el contrario, hacia su inexorable involución aplicando 
políticas de transformación económica y racionalización de los mercados bajo 
los signos de un autoritarismo grosero: en la agricultura avanzaba masivamente 
la mecanización y se intensificaban los procesos de concentración de la 
propiedad de la tierra desmantelando segmentos importantes de la pequeña 
producción que terminaron transfiriendo excedentes de mano de obra. 
Simultáneamente, se implantaron también en las industrias y agroindustrias 
sendos procesos de concentración industrial, modernización tecnológica, 
desnacionalización, privatizaciones, quiebra de la pequeña y mediana empresa y 
consecuente liberación de mano de obra. Finalmente, el sector público, en todos 
sus niveles, acentuó también su forzada reestructuración y, como consecuencia, 
desplazó mano de obra acumulando excedentes de trabajadores en un mercado 
laboral urbano sin el dinamismo necesario para generar los puestos de trabajo 
que la sociedad reclamaba. 
En la década de los 70, cuando Argentina pierde ya su importancia relativa en 
los mercados mundiales de productos agropecuarios y las nuevas circunstancias 
políticas desvanecen sus propósitos de industrialización, una nueva matriz de 
poder político neoliberal, de origen civil o militar, radical o justicialista, 
impulsó a los sucesivos gobiernos a profundizar las políticas de modernización 
y Reforma del Estado que permitieron, ya en la década de los 90, privatizar la 
totalidad de las empresas públicas y eliminar de su responsabilidad el 
ejercicio de roles activos de promoción económica y de desarrollo social.
La acumulación exponencial de la deuda externa a partir del 76 y la consecuente 
necesidad de proveer recursos para su gradual reembolso so pretexto de 
exclusión de la comunidad internacional, fue el mecanismo estratégico de 
control externo utilizado por los factores de poder para asegurar la 
privatización de las empresas y servicios del Estado y el alineamiento de los 
sucesivos gobiernos a un plexo axiológico que dominó el escenario de las ideas 
liberales en los últimos 25 años.
Para sellar las alianzas con el capital internacional y quebrar la resistencia 
social encarnada por las organizaciones sindicales, el gobierno de los 90 
necesitaba eliminar la inflación, transformar el flujo de endeudamiento externo 
en mecanismo orgánico de la nueva economía y asegurar la plena libertad de los 
movimientos financieros. El régimen de convertibilidad fue el instrumento 
idóneo para conseguir tales fines. Con su adopción, el país pudo eliminar la 
emisión monetaria directa cortando de raíz la razón de los movimientos 
sindicales que luchaban por la recomposición de sus salarios. Administrando un 
tipo de cambio fijo sobrevaluado el gobierno jugó sus fichas para favorecer al 
capital y estimular importaciones de bienes de consumo y de capital que 
aseguraban el pleno abastecimiento a precios internacionales y ganancias de 
productividad que pudieran corregir la sobrevaluación inicial de la moneda.. 
Con esta doble estrategia el gobierno esperaba modernizar el parque industrial 
del país y ampliar su potencia de exportaciones. Frente a tales resultados, el 
endeudamiento sistémico de los primeros años podía diluir su impacto en la 
medida en que el crecimiento de la economía posibilitaba la recomposición de 
las cuentas fiscales. Hacia 1992, la cuestión de la deuda externa fue 
renegociada en este contexto y se esperaba que su importancia relativa 
desaparecería de la agenda pública bajo el milagro del crecimiento anunciado. 
Por último, la cuestión social agravada por el desempleo inducido por la misma 
estrategia de modernización no debería agravarse en la medida en que la propia 
dinamización productiva y la desregulación de las leyes sindicales 
posibilitaría la plena reubicación de los trabajadores desempleados.
Como ironía de la historia debe consignarse que los mejoramientos de 
productividad y los exorbitantes niveles de ganancia del capital que se 
registraron en la década de los 90 se lograron al costo de generar niveles de 
desocupación inéditos en la historia del país pero en vez de haberse utilizado 
para ampliar el fondo de reinversión productiva, las ganancias empresarias 
terminaron engrosando los niveles de transferencias de recursos hacia el 
exterior. La perversión del modelo económico implantado en los 90 hizo posible 
que las ganancias de productividad, lejos de compensar la sobrevaluación 
inicial de la moneda, al fugarse hacia el exterior, transformaron al régimen de 
convertibilidad en una trampa económica fatal que imposibilita, en la 
actualidad, generar dólares comerciales mediante ampliación de la producción 
interna y de las exportaciones. 
En la década de los 90, el consenso de Washington se constituyó en el menú 
internacional sobre el cual se definieron las políticas nacionales. Algunos 
países, en razón de su historia, cultura, ideologías y clases dirigentes 
negociaron su inserción preservando en lo posible su interés nacional y la 
propiedad pública de sus mayores expresiones patrimoniales; otros, como 
Argentina, habiendo ya abdicado de su independencia económica y soberanía 
política, adhirieron plenamente a las normatividades emanadas del poder central 
que pregonaba el progreso de las naciones bajo el impulso del liberalismo 
económico y, concretamente, por la acción directa del empresariado privado 
dentro de mercados desregulados y abiertos a la más amplia competencia 
internacional. Por este inclinado camino, el país terminó desnacionalizando, 
desindustrializando y excluyendo de los mercados de trabajo a un tercio de la 
población activa, ampliando con desmesura e imprudencia el endeudamiento 
externo del país. De este aberrante proceso histórico, resultó la actual 
polarización de ingresos y la inexorable involución económica de su sociedad. 
El FMI proporciona información contundente: entre los años 1962-1999, la tasa 
media de crecimiento de Argentina fue del 2,1 %, en cuanto Brasil acumuló un 
4,8 %, México un 4,6 % y Chile, un 3,9 %. En el mismo período, 7 países de 
Asia, bajo el estímulo de políticas activas por parte del Estado, crecieron 
entre el 6 y 7,8 %. Una tasa media del 2.1% durante 37 años, no permitió a la 
Argentina cubrir siquiera los requerimientos del crecimiento vegetativo de la 
población ni una tasa mínima de depreciación del capital básico. Los datos 
expuestos no solo reflejan el fracaso de la ortodoxia económica para conducir 
los procesos del desarrollo: expresan también la definitiva incapacidad de la 
clase dirigente para construir el país y ampliar el progreso de su sociedad.

2. Cuáles fueron las acciones del gobierno para dinamizar la economía ? 

Los últimos gobiernos definieron, como objetivo central de su política 
ortodoxa, proteger los intereses del gran capital para estimular los procesos 
de inversión, crecimiento e inclusión de la población excedente. Para tales 
propósitos, mantuvieron la vigencia del régimen de convertibilidad, cumplieron 
con los servicios de la deuda, aplicaron los programas de ajuste y centraron su 
política instrumental para favorecer a los grandes grupos empresarios y 
financieros. A pesar de sus magros resultados, por intereses personales o 
grupales, por convicciones ideológicas o por condicionalidades cuyo origen e 
intensidades se desconocen, los sucesivos gobiernos persisten en aplicar las 
recetas sugeridas por los organismos internacionales.
Como recompensa consiguieron, en diciembre del 2000, la promesa de un mega 
préstamo para blindar la economía. Con la baja de la tasa de interés que 
seguramente podría inducirse por el blindaje, el gobierno esperaba seducir a 
los agentes económicos para ampliar sus inversiones, iniciar la reactivación y 
generar los empleos que reclama la sociedad. Cuando el blindaje fracasó, el 
gobierno avanzó hacia operaciones de megacanje de los títulos de la deuda en la 
esperanza de que al reducirse las necesidades inmediatas de financiamiento 
externo por parte del gobierno, la consecuente caída del costo del dinero y el 
cambio de expectativas empresarias puedan ahora cimentar el progreso del país. 
En ciertos círculos académicos y de operadores vinculados al capitalismo 
financiero se sospecha que un país y un gobierno forzado a canjear sus títulos 
de deuda a tasas de interés del 15 % sobrevive de forma artificial pues los 
órganos vitales que articulan la mecánica de los mercados ya no generan la 
energía necesaria para el desarrollo. Los datos oficiales confirman ya el 
deterioro de diversos sistemas: ahorro público y privado, inversiones, 
exportaciones, situación fiscal, empleo, protección social, previsión, 
seguridad jurídica, economías regionales, cultura, investigación y desarrollo. 
El gobierno discrepa de esta interpretación y considera que el megacanje 
aliviará en los próximos años la necesidad de recursos públicos para cubrir 
los compromisos externos y que, en este lapso, sus políticas pondrán a 
disposición del sector privado mayores recursos para activar el crecimiento 
productivo.
Se niega a reconocer que la reactivación no solo depende de la disponibilidad 
de financiamiento sino que está trabada, básicamente, por una amplia 
constelación de factores: insuficiencia de mercados, sobrecostos de producción 
y de servicios y, básicamente, por adversas relaciones de cambio que en los 
últimos 10 años afectaron la rentabilidad y competitividad de la producción y 
de las exportaciones. Adicionalmente, la inseguridad jurídica y la inexistencia 
de proyectos rentables constituye otra fuerte restricción para la reactivación 
productiva y esta realidad se agrava al considerar que si el megacanje asegura 
al capital rentabilidades del 15 % anual en dólares no quedan espacios lícitos 
para proyectos de inversión más ventajosos que la simple y tranquila aplicación 
financiera.
Ni el gobierno ni la clase dirigente quieren aceptar la gravedad de la 
situación argentina que inviabiliza, a corto plazo, la reactivación productiva 
y una expresiva generación de empleos. Tales resultados no dependen tan solo de 
decisiones del sistema financiero aunque pudieran llegar a ampliar sus créditos 
y bajar los costos del dinero. En el curso de los últimos 20 años, 50 mil 
fábricas se cerraron y desaparecieron; la mano de obra calificada se perdió o 
se fue, dejó de participar en programas de capacitación; otras empresas dejaron 
el país; los mercados que las empresas atendían se perdieron, los hábitos de 
consumo de los estratos medios tuvieron que trastocarse para enfrentar los años 
de crisis; las exportaciones dejaron de ser viables por las relaciones adversas 
de cambio; los soportes tecnológicos que las instituciones del Estado proveían 
al sector privado dejaron de existir y el crédito de fomento desapareció. Las 
redes de protección social se desmantelaron; el desempleo y la pérdida de 
ingresos acabaron con el ahorro de las familias, la inseguridad en las 
fábricas, barrios y hogares se expandió en cuanto crecía también el desempleo y 
la pobreza. Los hábitos del trabajo y la cultura productiva se apagaron en 
importantes segmentos de la población durante los últimos 25 años. La pequeña 
burguesía que sustentaba el tejido productivo y social dejó de existir en el 
país y aunque las empresas internacionales pudieran de inmediato ampliar su 
producción y sus exportaciones a lo sumo permitirán alguna mejoría en la 
balanza comercial y en la recaudación tributaria pero sus impactos sobre la 
producción, la ocupación y la redistribución de los ingresos serán 
necesariamente limitados. 

3. Que hacer cuando el megacanje no desencadene la aceleración del desarrollo?

En caso de que las operaciones de megacanje no logren impulsar la recuperación 
productiva del país, la derrota definitiva del actual modelo de política 
económica no surgirá como su consecuencia inmediata. Entre el momento actual y 
el default definitivo, el gobierno podrá todavía recurrir a otras terapias de 
supervivencia que implicarán, probablemente, la promesa de un nuevo programa 
para reducir el gasto público, bajar impuestos a la producción y al consumo, 
controlar la evasión, restablecer los aportes patronales, grabar parcialmente 
las rentas financieras (recientemente beneficiadas) y acotar los recursos a 
provincias para acumular fondos públicos que puedan garantizar los compromisos 
externos y financiar al sector privado. 
Hacia el 15 de junio del 2001 el gobierno informó haber establecido una nueva 
política de cambio dual para incidir, específicamente, sobre las operaciones de 
comercio exterior manteniendo la esencia del régimen de convertibilidad para el 
resto de las operaciones económicas y financieras. Mediante un firulete 
terminológico, - factor de empalme - decidió conceder un cambio preferencial de 
1.08 por dólar a las exportaciones y encarecer las importaciones mediante un 
cambio análogo. En la medida en que la futura igualdad en 1 del dólar, euro y 
peso sería una irrealizable utopía, el gobierno anticipó, mediante esta 
decisión, el impacto futuro de una convertibilidad ampliada entre las tres 
monedas pero restringiendo su aplicación tan solo a las operaciones del 
comercio exterior. Completó los anuncios de cambio en la convertibilidad con 
nuevas medidas de orden tributario y fiscal destinadas a reducir la evasión, 
ampliar el mercado interno, estimular las inversiones y aliviar la carga 
tributaria de las empresas. Aunque el conjunto de medidas anunciadas apunta en 
una correcta dirección para lograr la reactivación, es factible anticipar su 
ineficacia en razón de una escala operacional insuficiente. En efecto:
a) mejorar el cambio de exportación en un 8 % no alcanza para reactivar la 
economía porque la incidencia de las exportaciones sobre el PBI no supera el 9 
% y, adicionalmente, porque la devaluación de un 8 % para el comercio de 
exportación es irrelevante dadas las dimensiones de las devaluaciones que 
experimentaron en los últimos 24 meses el euro y el real ( más del 30 % y 100 
%, respectivamente). 
b) De todas las medidas anunciadas por el gobierno ninguna incidirá 
directamente en la ampliación significativa del mercado interno trabando, en 
consecuencia, cualquier impacto favorable en el proceso productivo. Por el 
contrario, el costo adicional de importaciones a un dólar de 1,08 pesos podrá 
ser trasladado a precios reduciendo aún más la capacidad de compra de la 
población. 
c) los aumentos salariales no obligatorios para quienes perciben menos de 1.500 
pesos, no existirán en la práctica y el restablecimiento de los aportes 
patronales descontables del IVA será resistido por las empresas y, al final, 
terminará por comprimir, aún más, la nómima salarial sin permitir una 
significativa recuperación de los ingresos fiscales. 
d) el aumento del transporte sobre el presupuesto familiar, incidirá en función 
inversa al número de medios de transporte que en el término de dos horas 
utilizan las personas. Su impacto global es indeterminado. En general, afectará 
negativamente a familias de estratos medios y bajos de ingresos pudiendo 
beneficiar a aquellas personas que en el transcurso de dos horas de viaje 
utilicen dos o más medios de transporte. Por otra parte, la autorización para 
deducir del impuesto a las ganancias los intereses sobre hipotecas hasta 20.000 
pesos, representa un beneficio para quienes están en esta situación pero 
difícilmente, por si sola, será un incentivo para tomar una nueva hipoteca. 
**
Aunque las medidas se diseñaron en la intención de cambiar las expectativas y 
generar los recursos necesarios para activar la producción, no es posible 
asegurar su viabilidad dadas las fuertes contradicciones que se desatarán en 
el curso de los próximos meses entre los agentes económicos y sociales por 
apropiarse de los saldos y retazos de recursos públicos. En este escenario de 
tensiones internas, sin expectativas favorables de mercados, sin rentabilidades 
razonables en negocios lícitos, con inflexibilidad y atraso cambiario, con 
tasas de interés inaccesibles, sin seguridad jurídica y con una economía 
incapacitada para generar dólares comerciales compatibles con las magnitudes 
del endeudamiento, los factores del poder empresarial y financiero y la propia 
sociedad manifiestan ya su desconfianza y desilusión sobre la capacidad del 
gobierno para revertir la aguda crisis que padece la sociedad..
. 
Ante la gravedad de los hechos señalados, es dable comprender que los recientes 
anuncios oficiales sobre cambios en la política económica que complementan las 
operaciones del blindaje, del megacanje y de la ampliación de la 
convertibilidad al euro no alcanzarán para reactivar la economía y superar la 
profunda depresión que afecta al país. No obstante, deben ser interpretados 
como el paquete de decisiones más potente que puede anunciar un Gobierno como 
el actual, políticamente débil que articula sus relaciones con la sociedad 
desde un elenco ministerial severamente cuestionado. 

El continuo agravamiento de las condiciones socioeconómicas imperantes en el 
país y la manifiesta impotencia del gobierno para cambiar el curso de sus 
decisiones, empujan a la sociedad a vivir los momentos finales de su crisis 
estructural. Bajo tales condiciones emerge su instinto natural de 
supervivencia y genera gradualmente las condiciones necesarias para el 
surgimiento de dos nuevos actores sociales que crearán las bases para un nuevo 
gobierno y comandarán la superación de la crisis: por un lado, mediante 
movilizaciones, escarches y huelgas ganan las calles, piquetes, edificios 
públicos y aeropuertos las agrupaciones gremiales decididas a activar la 
resistencia social y presionar al gobierno para forzar cambios en sus políticas 
públicas. Paralelamente, la sociedad impulsa el surgimiento y la valoración de 
nuevos cuadros políticos e intelectuales comprometidos activamente en la tarea 
de elaborar alternativas programáticas para una nueva República. Desde esta 
vanguardia en formación en la que participan ³independientes² y cuadros 
dirigentes procedentes del peronismo, radicalismo, socialismo, desarrollismo, 
socialismo, comunismo, etc. se reconoce que los días actuales ya no son tiempos 
propicios para insistir en la búsqueda de soluciones de fondo ni dentro de los 
mercados, ni dentro del actual gobierno, ni, menos aún, con los actuales 
funcionarios. Más bien, son tiempos apremiantes para estudiar, prever y 
organizar el día después, cuando sea necesario adoptar nuevas decisiones 
orientadas a resolver sus problemas externos, redefinir su macroeconomía, sus 
políticas públicas y sus políticas de desarrollo regional. 
La dinámica de la propia crisis está produciendo la convergencia y amalgama de 
los procesos conducidos por los dos nuevos actores sociales alumbrando el 
surgimiento de una nueva concertación de agrupaciones políticas que bajo el 
impulso de las grandes mayorías disputará el gobierno en las próximas 
elecciones del 2003. En este proceso de fusión surgirán y decantarán, 
naturalmente, los cuadros dirigentes que la sociedad legitimará para conducir 
su evolución hacia un futuro de progreso y equidad. 

4. En el ámbito externo, existirán otras alternativas de reinserción?

Llegado el momento en que el país pueda contar con un nuevo Gobierno y 
Parlamento socialmente legítimos y representativos, nuevas decisiones tendrán 
que negociarse más allá de los mercados financieros y más allá del FMI y Banco 
Mundial: directamente, con las entidades rectoras del propio sistema 
capitalista. De este nivel de negociación surgirá la necesaria cobertura y 
cooperación de la comunidad internacional para adoptar las medidas necesarias 
al desarrollo nacional y reinsertar al país en el proceso de globalización. Por 
la importancia potencial de Argentina, aquellas negociaciones no concluirán en 
concesiones de favor. Serán acuerdos para no comprometer los mercados 
emergentes ni el orden financiero internacional pero con el potencial necesario 
para rectificar, desde el gobierno y desde dentro del sistema capitalista, las 
políticas públicas que en los últimos 30 años quebraron la economía y la 
estructura social del país. Por tales negociaciones y acuerdos, Argentina podrá 
reinsertarse y retomar las sendas de su desarrollo como lo hicieron, en su 
tiempo y forma, países de alto potencial como Canadá, Nueva Zelanda, 
Australia, y diversos países nórdicos y de Europa Central. 

La naturaleza de los problemas que aquejan al país reclaman Políticas de Estado 
para soluciones integrales, imposibles de ser abordadas en lo que resta del 
actual gobierno. Será preciso esperar algún tiempo hasta la entrada en escena 
de nuevas representaciones políticas que asumirán la responsabilidad de 
gobernar y convocar a la sociedad para elegir un nuevo poder constituyente 
abocado a rediseñar los fundamentos jurídicos, económicos y sociales de una 
nueva República que se proponga potenciar el desarrollo nacional mediante 
nuevas políticas públicas en el marco de un sistema de relaciones 
internacionales con interdependencia soberana. 
Una nueva Política Económica Internacional, diseñada desde una nueva 
perspectiva de Políticas de Estado, exigirá la participación activa del país en 
los ámbitos pertinentes para reclamar la revisión simultánea de los 
compromisos financieros de la deuda pública y de las regulaciones vigentes en 
los mercados internacionales de bienes, servicios y flujos financieros. En 
particular, será preciso adoptar, a la luz de la jurisprudencia internacional, 
los procedimientos necesarios para presentar en los tribunales internacionales 
de Justicia tanto la cuestión de deudas ilegítimas que cuentan con dictamen 
judicial en el ámbito nacional como la valides jurídica de normas contractuales 
que amarraron al país a tasas leoninas de interés. De igual modo, el país 
tendrá que reclamar en los Organismos Internacionales la adopción de enfoques 
sistémicos y funcionales para conectar y condicionar, dentro de cronogramas 
compatibles, las discusiones sobre renegociación de su deuda pública con las 
interminables tratativas tendientes a la reducción de prácticas de subsidios y 
políticas proteccionistas que posibiliten ampliar su intercambio comercial para 
viabilizar y regularizar el pago de sus compromisos externos. 

5. En el ámbito interno, ¿cuáles serían las principales modificaciones ?

Siete tipos de reformas tendrán que procesarse en cuanto se preservan los 
necesarios equilibrios de orden fiscal, monetarios y financieros:

- Administrar una profunda reforma tributaria 
- Adaptar los instrumentos de la política económica de corto plazo para mejorar 
la rentabilidad y competitividad de las empresas y proveer soluciones 
financieras para poner en marcha programas masivos de infraestructura básica a 
fin de ampliar la ocupación de mano de obra en todo el territorio nacional.
- Perfeccionar la legislación ambiental y laboral instituyento nuevos estatutos 
para reformar, en su integralidad, los regímenes previsional y de obras 
sociales.
- Instituir un nuevo régimen monetario y cambiario, saliendo de la 
convertibilidad hacia sistemas flexibles compatibles con los esquemas vigentes 
en el mundo. 
- Sancionar la nueva Ley de Coparticipación e implantar la Reforma 
Administrativa para la modernización y descentralización del Estado, avanzando 
hacia la formación de regiones y de microregiones.
- Recrear las instituciones necesarias para programar el futuro del país a 
largo y mediano plazo, con directrices para el desarrollo sectorial-regional, 
productivo y social y con prioridades específicas para reconstituir las bases 
de la cultura y de la ciencia y tecnología como motor del cambio social. 
- Promover la integración de Argentina en América del Sur y desde allí hacia 
otras regiones del mundo.

Las siete reformas referidas serán los instrumentos programáticos de una nueva 
concepción estratégica de desarrollo nacional que administrando contextos 
apropiados para el funcionamiento de los mercados posibilite compatibilizar el 
cumplimiento de los compromisos externos con los requerimientos de la sociedad 
en las diferentes regiones del país para garantizar su desarrollo integrado. 
6. Cuáles serían los programas básicos para estimular el progreso de las 
regiones?

La reactivación productiva tendrá que comenzar por las provincias donde será 
necesario proyectar diversos centros de negocios especializados en determinados 
rubros de la agropecuaria, minería, bosques, pesca, industrias, artesanías o 
servicios. En cada centro, los proyectos a ser implementados podrán incluir: 
infraestructura, comunicaciones, energía, preservación ambiental, saneamiento 
básico, parques para pequeñas y medianas empresas, proyectos de colonización 
agropecuaria, servicios de investigación, comercialización y financieros, 
construcción de viviendas, equipamientos sociales y productivos, etc. 
Podrían funcionar en todo el país alrededor de 150 Centros de Negocios de 
pequeña, mediana y gran escala demoeconómica. La acción conjunta de todos los 
Centros proyectará sus impactos sobre un total de 15 millones de habitantes 
urbanos y rurales del interior del país dinamizando la actividad productiva 
para una población económicamente activa cercana a los seis millones de 
personas. La consecuente activación productiva en las microregiones del 
interior permitiría, por lo menos, crear, anualmente, 150.000 puestos de 
trabajo absorbiendo, en un período de 10 años, sus actuales niveles de 
desempleo estimados en torno a un 25 % de la PEA. El resto de las políticas de 
reactivación productiva y generación de empleos tendrá que proyectarse sobre 
los grandes centros urbanos del país donde las actividades de substitución de 
importaciones y de fina transformación industrial con agregación de servicios 
podrán multiplicarse con vistas a dinamizar las exportaciones.
Siguiendo a Keynes, la esencia de los programas de reactivación que se propone 
radica en aplicar recursos en obras y proyectos específicos, con resultados 
mensurables sobre la producción y el empleo para incidir en el progreso de las 
mayorías abriendo nuevos espacios de negocios en las economías del interior del 
país. Bajo la coordinación permanente de una Entidad Pública Provincial, sus 
principales ejecutores tendrán que ser los productores y empresarios, las 
instituciones de las comunidades sociales, las universidades regionales, los 
Consejos Profesionales contando, necesariamente, con la permanente cooperación 
de los organismos públicos, bajo la rigurosa supervisión y control del Estado y 
de la propia sociedad.
En las actuales condiciones de subutilización del capital, el costo estándar de 
generación de un puesto de trabajo en el interior del país puede estimarse en 
20.000 pesos. El costo total anual directo de los programas de activación de la 
producción y del empleo serían, en consecuencia, del orden de los 3.000 
millones de pesos. El financiamiento necesario para ejecutar una Política 
Regional tendrá que negociarse en el contexto de la nueva ley de 
Coparticipación. El Proyecto presentado por el Senador Ricardo Branda propone 
incluir 4.000 millones de pesos anuales dentro de la distribución primaria para 
atender los propósitos del desarrollo regional y, adicionalmente, incorpora 
nuevos mecanismos de consenso para multiplicar la masa de inversiones 
consolidando recursos propios con aquellos incluidos en la distribución 
secundaria. 

7. Para una nueva República, cuáles serán los principales problemas a vencer?

En el orden externo, los temas relativos a la deuda y al comercio internacional 
configuran, naturalmente, temas de extrema importancia, pero son factibles de 
negociación en los ámbitos rectores del capitalismo mundial y de los organismos 
internacionales, más aún en las actuales circunstancias en que madura el 
nacimiento de un nuevo poder multipolar destinado a equilibrar la hegemonía de 
la potencia única. Por el contrario, los problemas principales a superar para 
llegar a fundar una nueva República son de orden interno y de tipo político y 
cultural. En lo político, dos problemas asumen importancia:
El primero se configura ante el inexorable avance de la protesta social y la 
consecuente represión gubernamental. De no lograrse un pronto entendimiento 
entre gobierno y sociedad, el escenario quedará abierto para la repetición de 
siniestros episodios que marcaron dolorosas experiencias de un reciente 
pasado. El segundo se refiere a la lentitud que asume la conformación de la 
nueva fuerza política alternativa, concebida como una concertación de 
agrupaciones sin complicidades con el pasado, con dirigentes honestos, 
políticamente comprometidos con los procesos de cambio, con experiencia de 
gestión pública y preparados intelectualmente para desplazar a aquellos 
cuadros dirigentes que ya perdieron la consideración y confianza de la 
sociedad. La solución a los dos problemas referidos está en manos de la propia 
gente y, cuanto mayor pueda ser su participación y resistencia social, más 
limitado será el poder del gobierno para reprimir y menores serán también las 
resistencias y vanidades de los nuevos liderazgos para acelerar la formación de 
una nueva fuerza destinada a gobernar el país. 
En lo cultural, el principal problema a superar se refiere a la manipulación 
ideológica permanente que ejercen los instrumentos del gobierno y los medios de 
comunicación sobre importantes segmentos de la sociedad. Por esta vía 
garantizan la abulia y somnolencia ciudadana, como instrumentos deliberados de 
dominación y enajenación para obstaculizar el surgimiento de un pensamiento 
crítico y la sedimentación de una conciencia colectiva.
Profundizar la crítica al orden dominante y la resistencia social pacífica, 
acelerar los tiempos de la renovación política y estimular la tarea de pensar 
el país en la globalidad de sus dimensiones culturales, tecnocientíficas, 
sociales, económicas y políticas, constituyen la consigna trilateral de la hora 
actual para no abortar la alborada de una nueva República. En momentos de 
intensa fermentación social, la movilización ciudadana portadora de un nuevo 
pensamiento crítico constructivo, al socializar las ideas, podrá transformar la 
vida política empujando el surgimiento de nuevos cuadros dirigentes para 
cambiar la matriz de poder que posibilite la formación de un nuevo gobierno y 
el progreso de la Nación. La construcción ideológica y material del nuevo país 
será concomitante con la paralela destrucción de la hegemónica dominación que 
tuvieron las ideas del neoliberalismo ecofinanciero, difundidas durante los 
últimos 50 años por la pléyade de políticos, comunicadores y economistas 
oficiales, expresiones cipayas de mezquinos intereses, defensores funcionales 
de los sectores sociales del privilegio y, en consecuencia, corresponsables por 
la involución de la Nación. 




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