Chavez 2

Gorojovsky Gorojovsky at SPAMarnet.com.ar
Mon Jun 18 08:41:53 MDT 2001


Caracas, Venezuela
18 de junio de 2001
Chávez le ganó otro round a los críticos de su gestión

El Tribunal Supremo de Justicia regula libertad de expresión y
de información

La Sala Constitucional determinó que cualquier persona puede acudir
a los tribunales si considera que los medios han cometido errores
por acción u omisión, y que corresponde a los jueces ponderar
eventuales conflictos de derechos y aplicar sanciones penales,
civiles y administrativas en caso de que la difusión de ideas,
pensamientos u opiniones cause daños. La ponencia del magistrado
Jesús Eduardo Cabrera califica como un atentado contra la
información veraz tener un número mayoritario de columnistas de una
sola tendencia ideológica.

Con carácter de "doctrina vinculante", lo cual quiere decir de
obligatorio acatamiento por el resto de los organismos
jurisdiccionales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia aprovechó la oportunidad de responder (específicamente, de
rechazar) la solicitud de amparo interpuesta por Elías Santana
contra el presidente Hugo Chávez, para establecer los alcances y
límites de las libertades de expresión e información, consagradas en
los artículos 57 y 58, respectivamente, de la Constitución nacional.

La sentencia número 1013, publicada el pasado 12 de junio, fue
elaborada por el magistrado Jesús Eduardo Cabrera y tiene 34
páginas, 25 de las cuales fueron utilizadas para analizar los
eventuales conflictos relacionados con la manifestación y difusión
de ideas, pensamientos u opiniones, a la luz de la legislación
venezolana y los tratados internacionales, así como de la doctrina y
la jurisprudencia nacional y extranjera sobre la materia.

A pesar de que el artículo 4 de la Ley de Ejercicio del Periodismo
establece que todos los ciudadanos pueden expresarse libremente a
través de los medios de comunicación, Cabrera y el resto de los
magistrados de la Sala Constitucional señalaron que: "La posibilidad
de acudir a los medios de comunicación para expresarse no es un
derecho irrestricto que tiene todo ciudadano para transmitir su
pensamiento, ya que cada medio tiene limitaciones de tiempo y
espacio, por lo que es el director de éste quien, en vista de las
limitantes señaladas, escoge cuáles ideas, pensamientos u opiniones
son comunicables masivamente, lo que restringe el acceso a la
libertad de expresión de las personas a través de los medios de
comunicación masivos".

"En relación con dicha libertad de expresión y sus efectos -precisa
la Sala Constitucional en la página 14-, no está previsto en ninguna
de las normas comentadas el derecho de réplica o de rectificación
por parte de quien se considere perjudicado, ya que quien emite una
opinión se hace responsable de ella, y los daños que cause o los
delitos que cometa por lo expresado (en público o en privado) darán
lugar a las acciones penales, civiles o de otra naturaleza a que
haya lugar".

Dislates periodísticos

Al recordar las prohibiciones respecto del anonimato, la propaganda
de guerra y los mensajes discriminatorios e intolerantes, los
magistrados señalan: "Para que estos mensajes dañosos y expresiones
anónimas puedan llevarse adelante, se necesita la utilización de
sistemas de difusión escritos, sonoros (altoparlantes, por ejemplo),
radiofónicos, visuales o audiovisuales y, ante la infracción del
artículo 57 aludido así como de las otras normas citadas, es el
amparo constitucional la vía para que dichas disposiciones se
cumplan y se restablezca la situación jurídica lesionada o amenazada
por estas transgresiones".

Y de esta forma, el análisis de la Sala Constitucional va avanzando
hasta los medios de difusión masiva:

"Igualmente, será el amparo constitucional la vía para impedir la
censura previa tanto oficial como privada (boicot); o cuando, como
resultado de ella, se mutilen, antes de publicarlas, expresiones del
pensamiento, o se les tergiverse, haciéndolas perder el sentido (lo
que igualmente se logra mediante la edición de unas declaraciones,
que las tergiversa o mutila), por lo que la situación jurídica del
emisor del pensamiento se restablece ordenando su publicación tal
como fue expresado".

El TSJ también aprovechó la oportunidad para mencionar lo que sus
autoridades consideran dislates periodísticos: "Resulta un abuso de
los medios, contraria a la libertad de información, emitir conceptos
negativos o críticos sobre ideas, pensamientos, juicios, sentencias,
etcétera, sin señalar que tienen el derecho a informarse, enterarse
de qué es lo deleznable. De igual entidad abusiva es acuñar frases
con lugares comunes, tales como que una actitud es funesta, una idea
un exabrupto o una locura, sin exponer cuál es la actitud o idea
criticada, o aislando de un contexto un sector y comentarlo, sin
tomar en cuenta el todo donde se insertó lo destacado, lo que cambia
el sentido de lo aislado".

"También es un atentado a la información veraz e imparcial tener un
número mayoritario de columnistas de una sola tendencia ideológica,
a menos que el medio, en sus editoriales o por sus voceros, mantenga
y se identifique con una línea de opinión congruente con la de los
columnistas".

A modo de recomendación, la Sala Constitucional señala: "Tales
actitudes permiten, a quien se sienta minimizado en su derecho a
estar informado correctamente, incoar acciones tendientes a que se
le informe debidamente, lo que, en pluralidad de principios, no
corresponde ni a un derecho a réplica ni de rectificación, sino más
bien a un amparo, por transgresión directa de los derechos que le
atribuye a las personas el artículo 58 constitucional".

Los medios según Cabrera

En la sentencia elaborada por el magistrado Jesús Eduardo Cabrera se
incorpora una especie de definición de los medios: "El manejo masivo
de la noticia, que permite a la persona ejercer el derecho a la
información oportuna, puede efectuarse por instituciones públicas
y/o privadas, siendo por lo regular estas últimas empresas
mercantiles, con fines de lucro, que realizan actos de comercio a
tenor del artículo 2 del Código de Comercio, las cuales escogen a
dedo, conforme a sus conveniencias, a sus periodistas y
colaboradores, y que presentan, junto con las noticias y la
publicidad, artículos de opinión, emanados o no de periodistas,
entre los cuales se encuentran los editoriales de la prensa de todo
tipo, siendo, por lo tanto, las empresas o instituciones de
comunicación masiva, un medio para difundir noticia (informaciones)
y opiniones, muchas de las cuales se insertan más en los cánones
publicitarios que en el ejercicio de la libertad de expresión
strictu sensu, ya que lo que buscan es vender bienes o servicios de
manera interesada, más que expresar ideas, conceptos o pensamientos
con fines no comerciales.

Muchas veces -opinan los magistrados de la Sala Constitucional-
estas opiniones que difunden los medios se basan en sucesos (hechos)
a los cuales se remiten, y no es raro que tales opiniones (incluso
adversas) estén destinadas a dar publicidad a un personaje y sean
parte de una trama para ese fin".


¿Para qué sirven los amparos?


La acción de amparo constitucional está concebida como un recurso
extraordinario, breve y sumario, que se ejerce para impedir o
detener la violación de un derecho fundamental. Y eso fue lo que
hizo Santana.

Es tan importante el asunto, que una de las primeras sentencias de
la Sala Constitucional (la séptima, para ser más precisos) facilitó
al máximo el procedimiento para que cualquier ciudadano solicitara
tutela judicial y las autoridades se apresuraran a hacerlo si fuese
procedente. Hasta vía correo electrónico se podía pedir este tipo de
auxilio.

En esta oportunidad, el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que la
acción de amparo es la más idónea para que el ciudadano garantice su
derecho a estar bien informado y ello pudiera significar, ni más ni
menos, que un lector, televidente o radioescucha se pelee contra un
periodista o una empresa periodística si considera que sus servicios
no lo satisfacen.

Pudiera tratarse de cualquier cosa y cualquier cosa pudieran decidir
los jueces, sobre la base de las llamadas medidas cautelares
innominadas, que no son otra cosa que una ilimitada discrecionalidad
para resolver un conflicto.

No habrá réplica para Elías Santana

El 27 de agosto de 2000, a través de su programa radial, el
presidente Hugo Chávez cuestionó el llamado a la desobediencia civil
formulado por el directivo de la asociación civil Queremos Elegir,
Elías Santana, a propósito de la polémica pública sobre la
designación de los miembros de los poderes Judicial y Ciudadano.

Santana pidió un derecho a réplica y, ante la negativa a
concedérselo en los términos que aspiraba, solicitó un amparo ante
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

En esa oportunidad obtuvo una nueva negativa: "Si Elías Santana o la
asociación civil Queremos Elegir creen que han sido agraviados por
el Presidente de la República, pueden ejercer las acciones que sean
procedentes, pero que al ser un periodista con una columna fija en
el diario El Nacional (El Ombudsman) y un programa radial diario
'Santana Total', en Radio Capital, quien pide el derecho a réplica
en su propio nombre y en el de la persona jurídica de la cual es
vocero y por quien habla, carece de derecho a réplica o
rectificación alguno, ya que lo que crea conveniente contestar al
Presidente puede hacerlo, tanto en su columna como en el diario
donde la tiene, que además es un periódico de circulación nacional,
o en el programa radial".


Néstor Miguel Gorojovsky
gorojovsky at arnet.com.ar





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