Un economista se pregunta sobre la Argentina

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Sat Jun 30 13:10:58 MDT 2001


Siete preguntas tras un destino de país 




Manuel Figueroa



Julio 2001

Siete preguntas tras un destino de país 

1. ¿ Como se configura el principal problema socioeconómico del país ?

Alrededor de 14 millones de personas experimentan en todo el país el flagelo de
la exclusión generada por el desempleo, la exclusión y la pobreza dentro de una
sociedad que presenta extrema polarización en la distribución del ingreso: el
92 % de la población registra niveles per cápita del orden de 2.120 dólares
anuales en cuanto el 8 % dispone de un per cápita de 42.146 dólares anuales. A
lo largo de la historia, la interacción de una diversidad de factores
produjeron tales resultados y, aunque su exhaustivo análisis excede los
límites del presente ensayo, es útil esbozar, en breve síntesis, algunos ejes
interpretativos.
Al comienzo de la conquista, el territorio que hoy pertenece a la Argentina
tenía una población de 403.000 habitantes, la mitad de los cuales en la región
del noroeste. Hacia 1810 se estimaba en 610.000 habitantes. En 1857, los
registros estadísticos referían una población de 1.300.000 personas y el censo
de 1897 consignaba ya 4.044.911 habitantes dejando constancia que en los
últimos 47 años habían ingresado al país 2.832.175 inmigrantes de ultramar. El
censo de 1947 señalaba una población total de 16.000.000 de habitantes; de 20
millones en 1960, de 32.000.000 en 1991 y en torno a los 37 millones en los
días actuales. Hasta 1895, el país conservaba en sus áreas rurales un 62,6 % de
su población en cuanto las ciudades asentaban tan solo al 37,4 %; en 1914 ya la
población urbana representaba un 52,7 % de la población total; en 1960, un 72
%; en 1980, un 82,8 % y en 1991 un 88,4%.
A partir de 1960, cuando el país ya había transferido hacia las áreas urbanas
casi tres cuartas partes de su población, en vez de diversificar y consolidar
las bases de su economía para generar la oferta ocupacional que la sociedad
requería, avanzó, por el contrario, hacia su inexorable involución aplicando
políticas de transformación económica y racionalización de los mercados bajo
los signos de un autoritarismo grosero: en la agricultura avanzaba masivamente
la mecanización y se intensificaban los procesos de concentración de la
propiedad de la tierra desmantelando segmentos importantes de la pequeña
producción que terminaron transfiriendo excedentes de mano de obra.
Simultáneamente, se implantaron también en las industrias y agroindustrias
sendos procesos de concentración industrial, modernización tecnológica,
desnacionalización, privatizaciones, quiebra de la pequeña y mediana empresa y
consecuente liberación de mano de obra. Finalmente, el sector público, en todos
sus niveles, acentuó también su forzada reestructuración y, como consecuencia,
desplazó mano de obra acumulando excedentes de trabajadores en un mercado
laboral urbano sin el dinamismo necesario para generar los puestos de trabajo
que la sociedad reclamaba. 
En la década de los 70, cuando Argentina pierde ya su importancia relativa en
los mercados mundiales de productos agropecuarios y las nuevas circunstancias
políticas desvanecen sus propósitos de industrialización, una nueva matriz de
poder político neoliberal, de origen civil o militar, radical o justicialista,
impulsó a los sucesivos gobiernos a profundizar las políticas de modernización
y Reforma del Estado que permitieron, ya en la década de los 90, privatizar la
totalidad de las empresas públicas y eliminar de su responsabilidad el
ejercicio de roles activos de promoción económica y de desarrollo social.
La acumulación exponencial de la deuda externa a partir del 76 y la consecuente
necesidad de proveer recursos para su gradual reembolso so pretexto de
exclusión de la comunidad internacional, fue el mecanismo estratégico de
control externo utilizado por los factores de poder para asegurar la
privatización de las empresas y servicios del Estado y el alineamiento de los
sucesivos gobiernos a un plexo axiológico que dominó el escenario de las ideas
liberales en los últimos 25 años.
Para sellar las alianzas con el capital internacional y quebrar la resistencia
social encarnada por las organizaciones sindicales, el gobierno de los 90
necesitaba eliminar la inflación, transformar el flujo de endeudamiento externo
en mecanismo orgánico de la nueva economía y asegurar la plena libertad de los
movimientos financieros. El régimen de convertibilidad fue el instrumento
idóneo para conseguir tales fines. Con su adopción, el país pudo eliminar la
emisión monetaria directa cortando de raíz la razón de los movimientos
sindicales que luchaban por la recomposición de sus salarios. Administrando un
tipo de cambio fijo sobrevaluado el gobierno jugó sus fichas para favorecer al
capital y estimular importaciones de bienes de consumo y de capital que
aseguraban el pleno abastecimiento a precios internacionales y ganancias de
productividad que pudieran corregir la sobrevaluación inicial de la moneda.. 
Con esta doble estrategia el gobierno esperaba modernizar el parque industrial
del país y ampliar su potencia de exportaciones. Frente a tales resultados, el
endeudamiento sistémico de los primeros años podía diluir su impacto en la
medida en que el crecimiento de la economía posibilitaba la recomposición de
las cuentas fiscales. Hacia 1992, la cuestión de la deuda externa fue
renegociada en este contexto y se esperaba que su importancia relativa
desaparecería de la agenda pública bajo el milagro del crecimiento anunciado.
Por último, la cuestión social agravada por el desempleo inducido por la misma
estrategia de modernización no debería agravarse en la medida en que la propia
dinamización productiva y la desregulación de las leyes sindicales
posibilitaría la plena reubicación de los trabajadores desempleados.
Como ironía de la historia debe consignarse que los mejoramientos de
productividad y los exorbitantes niveles de ganancia del capital que se
registraron en la década de los 90 se lograron al costo de generar niveles de
desocupación inéditos en la historia del país pero en vez de haberse utilizado
para ampliar el fondo de reinversión productiva, las ganancias empresarias
terminaron engrosando los niveles de transferencias de recursos hacia el
exterior. La perversión del modelo económico implantado en los 90 hizo posible
que las ganancias de productividad, lejos de compensar la sobrevaluación
inicial de la moneda, al fugarse hacia el exterior, transformaron al régimen de
convertibilidad en una trampa económica fatal que imposibilita, en la
actualidad, generar dólares comerciales mediante ampliación de la producción
interna y de las exportaciones. 
En la década de los 90, el consenso de Washington se constituyó en el menú
internacional sobre el cual se definieron las políticas nacionales. Algunos
países, en razón de su historia, cultura, ideologías y clases dirigentes
negociaron su inserción preservando en lo posible su interés nacional y la
propiedad pública de sus mayores expresiones patrimoniales; otros, como
Argentina, habiendo ya abdicado de su independencia económica y soberanía
política, adhirieron plenamente a las normatividades emanadas del poder central
que pregonaba el progreso de las naciones bajo el impulso del liberalismo
económico y, concretamente, por la acción directa del empresariado privado
dentro de mercados desregulados y abiertos a la más amplia competencia
internacional. Por este inclinado camino, el país terminó desnacionalizando,
desindustrializando y excluyendo de los mercados de trabajo a un tercio de la
población activa, ampliando con desmesura e imprudencia el endeudamiento
externo del país. De este aberrante proceso histórico, resultó la actual
polarización de ingresos y la inexorable involución económica de su sociedad. 
El FMI proporciona información contundente: entre los años 1962-1999, la tasa
media de crecimiento de Argentina fue del 2,1 %, en cuanto Brasil acumuló un
4,8 %, México un 4,6 % y Chile, un 3,9 %. En el mismo período, 7 países de
Asia, bajo el estímulo de políticas activas por parte del Estado, crecieron
entre el 6 y 7,8 %. Una tasa media del 2.1% durante 37 años, no permitió a la
Argentina cubrir siquiera los requerimientos del crecimiento vegetativo de la
población ni una tasa mínima de depreciación del capital básico. Los datos
expuestos no solo reflejan el fracaso de la ortodoxia económica para conducir
los procesos del desarrollo: expresan también la definitiva incapacidad de la
clase dirigente para construir el país y ampliar el progreso de su sociedad.

2. Cuáles fueron las acciones del gobierno para dinamizar la economía ? 

Los últimos gobiernos definieron, como objetivo central de su política
ortodoxa, proteger los intereses del gran capital para estimular los procesos
de inversión, crecimiento e inclusión de la población excedente. Para tales
propósitos, mantuvieron la vigencia del régimen de convertibilidad, cumplieron
con los servicios de la deuda, aplicaron los programas de ajuste y centraron su
política instrumental para favorecer a los grandes grupos empresarios y
financieros. A pesar de sus magros resultados, por intereses personales o
grupales, por convicciones ideológicas o por condicionalidades cuyo origen e
intensidades se desconocen, los sucesivos gobiernos persisten en aplicar las
recetas sugeridas por los organismos internacionales.
Como recompensa consiguieron, en diciembre del 2000, la promesa de un mega
préstamo para blindar la economía. Con la baja de la tasa de interés que
seguramente podría inducirse por el blindaje, el gobierno esperaba seducir a
los agentes económicos para ampliar sus inversiones, iniciar la reactivación y
generar los empleos que reclama la sociedad. Cuando el blindaje fracasó, el
gobierno avanzó hacia operaciones de megacanje de los títulos de la deuda en la
esperanza de que al reducirse las necesidades inmediatas de financiamiento
externo por parte del gobierno, la consecuente caída del costo del dinero y el
cambio de expectativas empresarias puedan ahora cimentar el progreso del país. 
En ciertos círculos académicos y de operadores vinculados al capitalismo
financiero se sospecha que un país y un gobierno forzado a canjear sus títulos
de deuda a tasas de interés del 15 % sobrevive de forma artificial pues los
órganos vitales que articulan la mecánica de los mercados ya no generan la
energía necesaria para el desarrollo. Los datos oficiales confirman ya el
deterioro de diversos sistemas: ahorro público y privado, inversiones,
exportaciones, situación fiscal, empleo, protección social, previsión,
seguridad jurídica, economías regionales, cultura, investigación y desarrollo.
El gobierno discrepa de esta interpretación y considera que el megacanje
aliviará en los próximos años la necesidad de recursos públicos para cubrir
los compromisos externos y que, en este lapso, sus políticas pondrán a
disposición del sector privado mayores recursos para activar el crecimiento
productivo.
Se niega a reconocer que la reactivación no solo depende de la disponibilidad
de financiamiento sino que está trabada, básicamente, por una amplia
constelación de factores: insuficiencia de mercados, sobrecostos de producción
y de servicios y, básicamente, por adversas relaciones de cambio que en los
últimos 10 años afectaron la rentabilidad y competitividad de la producción y
de las exportaciones. Adicionalmente, la inseguridad jurídica y la inexistencia
de proyectos rentables constituye otra fuerte restricción para la reactivación
productiva y esta realidad se agrava al considerar que si el megacanje asegura
al capital rentabilidades del 15 % anual en dólares no quedan espacios lícitos
para proyectos de inversión más ventajosos que la simple y tranquila aplicación
financiera.
Ni el gobierno ni la clase dirigente quieren aceptar la gravedad de la
situación argentina que inviabiliza, a corto plazo, la reactivación productiva
y una expresiva generación de empleos. Tales resultados no dependen tan solo de
decisiones del sistema financiero aunque pudieran llegar a ampliar sus créditos
y bajar los costos del dinero. En el curso de los últimos 20 años, 50 mil
fábricas se cerraron y desaparecieron; la mano de obra calificada se perdió o
se fue, dejó de participar en programas de capacitación; otras empresas dejaron
el país; los mercados que las empresas atendían se perdieron, los hábitos de
consumo de los estratos medios tuvieron que trastocarse para enfrentar los años
de crisis; las exportaciones dejaron de ser viables por las relaciones adversas
de cambio; los soportes tecnológicos que las instituciones del Estado proveían
al sector privado dejaron de existir y el crédito de fomento desapareció. Las
redes de protección social se desmantelaron; el desempleo y la pérdida de
ingresos acabaron con el ahorro de las familias, la inseguridad en las
fábricas, barrios y hogares se expandió en cuanto crecía también el desempleo y
la pobreza. Los hábitos del trabajo y la cultura productiva se apagaron en
importantes segmentos de la población durante los últimos 25 años. La pequeña
burguesía que sustentaba el tejido productivo y social dejó de existir en el
país y aunque las empresas internacionales pudieran de inmediato ampliar su
producción y sus exportaciones a lo sumo permitirán alguna mejoría en la
balanza comercial y en la recaudación tributaria pero sus impactos sobre la
producción, la ocupación y la redistribución de los ingresos serán
necesariamente limitados. 

3. Que hacer cuando el megacanje no desencadene la aceleración del desarrollo?

En caso de que las operaciones de megacanje no logren impulsar la recuperación
productiva del país, la derrota definitiva del actual modelo de política
económica no surgirá como su consecuencia inmediata. Entre el momento actual y
el default definitivo, el gobierno podrá todavía recurrir a otras terapias de
supervivencia que implicarán, probablemente, la promesa de un nuevo programa
para reducir el gasto público, bajar impuestos a la producción y al consumo,
controlar la evasión, restablecer los aportes patronales, grabar parcialmente
las rentas financieras (recientemente beneficiadas) y acotar los recursos a
provincias para acumular fondos públicos que puedan garantizar los compromisos
externos y financiar al sector privado. 
Hacia el 15 de junio del 2001 el gobierno informó haber establecido una nueva
política de cambio dual para incidir, específicamente, sobre las operaciones de
comercio exterior manteniendo la esencia del régimen de convertibilidad para el
resto de las operaciones económicas y financieras. Mediante un firulete
terminológico, - factor de empalme - decidió conceder un cambio preferencial de
1.08 por dólar a las exportaciones y encarecer las importaciones mediante un
cambio análogo. En la medida en que la futura igualdad en 1 del dólar, euro y
peso sería una irrealizable utopía, el gobierno anticipó, mediante esta
decisión, el impacto futuro de una convertibilidad ampliada entre las tres
monedas pero restringiendo su aplicación tan solo a las operaciones del
comercio exterior. Completó los anuncios de cambio en la convertibilidad con
nuevas medidas de orden tributario y fiscal destinadas a reducir la evasión,
ampliar el mercado interno, estimular las inversiones y aliviar la carga
tributaria de las empresas. Aunque el conjunto de medidas anunciadas apunta en
una correcta dirección para lograr la reactivación, es factible anticipar su
ineficacia en razón de una escala operacional insuficiente. En efecto:
a) mejorar el cambio de exportación en un 8 % no alcanza para reactivar la
economía porque la incidencia de las exportaciones sobre el PBI no supera el 9
% y, adicionalmente, porque la devaluación de un 8 % para el comercio de
exportación es irrelevante dadas las dimensiones de las devaluaciones que
experimentaron en los últimos 24 meses el euro y el real ( más del 30 % y 100
%, respectivamente). 
b) De todas las medidas anunciadas por el gobierno ninguna incidirá
directamente en la ampliación significativa del mercado interno trabando, en
consecuencia, cualquier impacto favorable en el proceso productivo. Por el
contrario, el costo adicional de importaciones a un dólar de 1,08 pesos podrá
ser trasladado a precios reduciendo aún más la capacidad de compra de la
población. 
c) los aumentos salariales no obligatorios para quienes perciben menos de 1.500
pesos, no existirán en la práctica y el restablecimiento de los aportes
patronales descontables del IVA será resistido por las empresas y, al final,
terminará por comprimir, aún más, la nómima salarial sin permitir una
significativa recuperación de los ingresos fiscales. 
d) el aumento del transporte sobre el presupuesto familiar, incidirá en función
inversa al número de medios de transporte que en el término de dos horas
utilizan las personas. Su impacto global es indeterminado. En general, afectará
negativamente a familias de estratos medios y bajos de ingresos pudiendo
beneficiar a aquellas personas que en el transcurso de dos horas de viaje
utilicen dos o más medios de transporte. Por otra parte, la autorización para
deducir del impuesto a las ganancias los intereses sobre hipotecas hasta 20.000
pesos, representa un beneficio para quienes están en esta situación pero
difícilmente, por si sola, será un incentivo para tomar una nueva hipoteca. 
**
Aunque las medidas se diseñaron en la intención de cambiar las expectativas y
generar los recursos necesarios para activar la producción, no es posible
asegurar su viabilidad dadas las fuertes contradicciones que se desatarán en
el curso de los próximos meses entre los agentes económicos y sociales por
apropiarse de los saldos y retazos de recursos públicos. En este escenario de
tensiones internas, sin expectativas favorables de mercados, sin rentabilidades
razonables en negocios lícitos, con inflexibilidad y atraso cambiario, con
tasas de interés inaccesibles, sin seguridad jurídica y con una economía
incapacitada para generar dólares comerciales compatibles con las magnitudes
del endeudamiento, los factores del poder empresarial y financiero y la propia
sociedad manifiestan ya su desconfianza y desilusión sobre la capacidad del
gobierno para revertir la aguda crisis que padece la sociedad..
. 
Ante la gravedad de los hechos señalados, es dable comprender que los recientes
anuncios oficiales sobre cambios en la política económica que complementan las
operaciones del blindaje, del megacanje y de la ampliación de la
convertibilidad al euro no alcanzarán para reactivar la economía y superar la
profunda depresión que afecta al país. No obstante, deben ser interpretados
como el paquete de decisiones más potente que puede anunciar un Gobierno como
el actual, políticamente débil que articula sus relaciones con la sociedad
desde un elenco ministerial severamente cuestionado. 

El continuo agravamiento de las condiciones socioeconómicas imperantes en el
país y la manifiesta impotencia del gobierno para cambiar el curso de sus
decisiones, empujan a la sociedad a vivir los momentos finales de su crisis
estructural. Bajo tales condiciones emerge su instinto natural de
supervivencia y genera gradualmente las condiciones necesarias para el
surgimiento de dos nuevos actores sociales que crearán las bases para un nuevo
gobierno y comandarán la superación de la crisis: por un lado, mediante
movilizaciones, escarches y huelgas ganan las calles, piquetes, edificios
públicos y aeropuertos las agrupaciones gremiales decididas a activar la
resistencia social y presionar al gobierno para forzar cambios en sus políticas
públicas. Paralelamente, la sociedad impulsa el surgimiento y la valoración de
nuevos cuadros políticos e intelectuales comprometidos activamente en la tarea
de elaborar alternativas programáticas para una nueva República. Desde esta
vanguardia en formación en la que participan ³independientes² y cuadros
dirigentes procedentes del peronismo, radicalismo, socialismo, desarrollismo,
socialismo, comunismo, etc. se reconoce que los días actuales ya no son tiempos
propicios para insistir en la búsqueda de soluciones de fondo ni dentro de los
mercados, ni dentro del actual gobierno, ni, menos aún, con los actuales
funcionarios. Más bien, son tiempos apremiantes para estudiar, prever y
organizar el día después, cuando sea necesario adoptar nuevas decisiones
orientadas a resolver sus problemas externos, redefinir su macroeconomía, sus
políticas públicas y sus políticas de desarrollo regional. 
La dinámica de la propia crisis está produciendo la convergencia y amalgama de
los procesos conducidos por los dos nuevos actores sociales alumbrando el
surgimiento de una nueva concertación de agrupaciones políticas que bajo el
impulso de las grandes mayorías disputará el gobierno en las próximas
elecciones del 2003. En este proceso de fusión surgirán y decantarán,
naturalmente, los cuadros dirigentes que la sociedad legitimará para conducir
su evolución hacia un futuro de progreso y equidad. 

4. En el ámbito externo, existirán otras alternativas de reinserción?

Llegado el momento en que el país pueda contar con un nuevo Gobierno y
Parlamento socialmente legítimos y representativos, nuevas decisiones tendrán
que negociarse más allá de los mercados financieros y más allá del FMI y Banco
Mundial: directamente, con las entidades rectoras del propio sistema
capitalista. De este nivel de negociación surgirá la necesaria cobertura y
cooperación de la comunidad internacional para adoptar las medidas necesarias
al desarrollo nacional y reinsertar al país en el proceso de globalización. Por
la importancia potencial de Argentina, aquellas negociaciones no concluirán en
concesiones de favor. Serán acuerdos para no comprometer los mercados
emergentes ni el orden financiero internacional pero con el potencial necesario
para rectificar, desde el gobierno y desde dentro del sistema capitalista, las
políticas públicas que en los últimos 30 años quebraron la economía y la
estructura social del país. Por tales negociaciones y acuerdos, Argentina podrá
reinsertarse y retomar las sendas de su desarrollo como lo hicieron, en su
tiempo y forma, países de alto potencial como Canadá, Nueva Zelanda,
Australia, y diversos países nórdicos y de Europa Central. 

La naturaleza de los problemas que aquejan al país reclaman Políticas de Estado
para soluciones integrales, imposibles de ser abordadas en lo que resta del
actual gobierno. Será preciso esperar algún tiempo hasta la entrada en escena
de nuevas representaciones políticas que asumirán la responsabilidad de
gobernar y convocar a la sociedad para elegir un nuevo poder constituyente
abocado a rediseñar los fundamentos jurídicos, económicos y sociales de una
nueva República que se proponga potenciar el desarrollo nacional mediante
nuevas políticas públicas en el marco de un sistema de relaciones
internacionales con interdependencia soberana. 
Una nueva Política Económica Internacional, diseñada desde una nueva
perspectiva de Políticas de Estado, exigirá la participación activa del país en
los ámbitos pertinentes para reclamar la revisión simultánea de los
compromisos financieros de la deuda pública y de las regulaciones vigentes en
los mercados internacionales de bienes, servicios y flujos financieros. En
particular, será preciso adoptar, a la luz de la jurisprudencia internacional,
los procedimientos necesarios para presentar en los tribunales internacionales
de Justicia tanto la cuestión de deudas ilegítimas que cuentan con dictamen
judicial en el ámbito nacional como la valides jurídica de normas contractuales
que amarraron al país a tasas leoninas de interés. De igual modo, el país
tendrá que reclamar en los Organismos Internacionales la adopción de enfoques
sistémicos y funcionales para conectar y condicionar, dentro de cronogramas
compatibles, las discusiones sobre renegociación de su deuda pública con las
interminables tratativas tendientes a la reducción de prácticas de subsidios y
políticas proteccionistas que posibiliten ampliar su intercambio comercial para
viabilizar y regularizar el pago de sus compromisos externos. 

5. En el ámbito interno, ¿cuáles serían las principales modificaciones ?

Siete tipos de reformas tendrán que procesarse en cuanto se preservan los
necesarios equilibrios de orden fiscal, monetarios y financieros:

- Administrar una profunda reforma tributaria 
- Adaptar los instrumentos de la política económica de corto plazo para mejorar
la rentabilidad y competitividad de las empresas y proveer soluciones
financieras para poner en marcha programas masivos de infraestructura básica a
fin de ampliar la ocupación de mano de obra en todo el territorio nacional.
- Perfeccionar la legislación ambiental y laboral instituyento nuevos estatutos
para reformar, en su integralidad, los regímenes previsional y de obras
sociales.
- Instituir un nuevo régimen monetario y cambiario, saliendo de la
convertibilidad hacia sistemas flexibles compatibles con los esquemas vigentes
en el mundo. 
- Sancionar la nueva Ley de Coparticipación e implantar la Reforma
Administrativa para la modernización y descentralización del Estado, avanzando
hacia la formación de regiones y de microregiones.
- Recrear las instituciones necesarias para programar el futuro del país a
largo y mediano plazo, con directrices para el desarrollo sectorial-regional,
productivo y social y con prioridades específicas para reconstituir las bases
de la cultura y de la ciencia y tecnología como motor del cambio social. 
- Promover la integración de Argentina en América del Sur y desde allí hacia
otras regiones del mundo.

Las siete reformas referidas serán los instrumentos programáticos de una nueva
concepción estratégica de desarrollo nacional que administrando contextos
apropiados para el funcionamiento de los mercados posibilite compatibilizar el
cumplimiento de los compromisos externos con los requerimientos de la sociedad
en las diferentes regiones del país para garantizar su desarrollo integrado. 
6. Cuáles serían los programas básicos para estimular el progreso de las
regiones?

La reactivación productiva tendrá que comenzar por las provincias donde será
necesario proyectar diversos centros de negocios especializados en determinados
rubros de la agropecuaria, minería, bosques, pesca, industrias, artesanías o
servicios. En cada centro, los proyectos a ser implementados podrán incluir:
infraestructura, comunicaciones, energía, preservación ambiental, saneamiento
básico, parques para pequeñas y medianas empresas, proyectos de colonización
agropecuaria, servicios de investigación, comercialización y financieros,
construcción de viviendas, equipamientos sociales y productivos, etc. 
Podrían funcionar en todo el país alrededor de 150 Centros de Negocios de
pequeña, mediana y gran escala demoeconómica. La acción conjunta de todos los
Centros proyectará sus impactos sobre un total de 15 millones de habitantes
urbanos y rurales del interior del país dinamizando la actividad productiva
para una población económicamente activa cercana a los seis millones de
personas. La consecuente activación productiva en las microregiones del
interior permitiría, por lo menos, crear, anualmente, 150.000 puestos de
trabajo absorbiendo, en un período de 10 años, sus actuales niveles de
desempleo estimados en torno a un 25 % de la PEA. El resto de las políticas de
reactivación productiva y generación de empleos tendrá que proyectarse sobre
los grandes centros urbanos del país donde las actividades de substitución de
importaciones y de fina transformación industrial con agregación de servicios
podrán multiplicarse con vistas a dinamizar las exportaciones.
Siguiendo a Keynes, la esencia de los programas de reactivación que se propone
radica en aplicar recursos en obras y proyectos específicos, con resultados
mensurables sobre la producción y el empleo para incidir en el progreso de las
mayorías abriendo nuevos espacios de negocios en las economías del interior del
país. Bajo la coordinación permanente de una Entidad Pública Provincial, sus
principales ejecutores tendrán que ser los productores y empresarios, las
instituciones de las comunidades sociales, las universidades regionales, los
Consejos Profesionales contando, necesariamente, con la permanente cooperación
de los organismos públicos, bajo la rigurosa supervisión y control del Estado y
de la propia sociedad.
En las actuales condiciones de subutilización del capital, el costo estándar de
generación de un puesto de trabajo en el interior del país puede estimarse en
20.000 pesos. El costo total anual directo de los programas de activación de la
producción y del empleo serían, en consecuencia, del orden de los 3.000
millones de pesos. El financiamiento necesario para ejecutar una Política
Regional tendrá que negociarse en el contexto de la nueva ley de
Coparticipación. El Proyecto presentado por el Senador Ricardo Branda propone
incluir 4.000 millones de pesos anuales dentro de la distribución primaria para
atender los propósitos del desarrollo regional y, adicionalmente, incorpora
nuevos mecanismos de consenso para multiplicar la masa de inversiones
consolidando recursos propios con aquellos incluidos en la distribución
secundaria. 

7. Para una nueva República, cuáles serán los principales problemas a vencer?

En el orden externo, los temas relativos a la deuda y al comercio internacional
configuran, naturalmente, temas de extrema importancia, pero son factibles de
negociación en los ámbitos rectores del capitalismo mundial y de los organismos
internacionales, más aún en las actuales circunstancias en que madura el
nacimiento de un nuevo poder multipolar destinado a equilibrar la hegemonía de
la potencia única. Por el contrario, los problemas principales a superar para
llegar a fundar una nueva República son de orden interno y de tipo político y
cultural. En lo político, dos problemas asumen importancia:
El primero se configura ante el inexorable avance de la protesta social y la
consecuente represión gubernamental. De no lograrse un pronto entendimiento
entre gobierno y sociedad, el escenario quedará abierto para la repetición de
siniestros episodios que marcaron dolorosas experiencias de un reciente
pasado. El segundo se refiere a la lentitud que asume la conformación de la
nueva fuerza política alternativa, concebida como una concertación de
agrupaciones sin complicidades con el pasado, con dirigentes honestos,
políticamente comprometidos con los procesos de cambio, con experiencia de
gestión pública y preparados intelectualmente para desplazar a aquellos
cuadros dirigentes que ya perdieron la consideración y confianza de la
sociedad. La solución a los dos problemas referidos está en manos de la propia
gente y, cuanto mayor pueda ser su participación y resistencia social, más
limitado será el poder del gobierno para reprimir y menores serán también las
resistencias y vanidades de los nuevos liderazgos para acelerar la formación de
una nueva fuerza destinada a gobernar el país. 
En lo cultural, el principal problema a superar se refiere a la manipulación
ideológica permanente que ejercen los instrumentos del gobierno y los medios de
comunicación sobre importantes segmentos de la sociedad. Por esta vía
garantizan la abulia y somnolencia ciudadana, como instrumentos deliberados de
dominación y enajenación para obstaculizar el surgimiento de un pensamiento
crítico y la sedimentación de una conciencia colectiva.
Profundizar la crítica al orden dominante y la resistencia social pacífica,
acelerar los tiempos de la renovación política y estimular la tarea de pensar
el país en la globalidad de sus dimensiones culturales, tecnocientíficas,
sociales, económicas y políticas, constituyen la consigna trilateral de la hora
actual para no abortar la alborada de una nueva República. En momentos de
intensa fermentación social, la movilización ciudadana portadora de un nuevo
pensamiento crítico constructivo, al socializar las ideas, podrá transformar la
vida política empujando el surgimiento de nuevos cuadros dirigentes para
cambiar la matriz de poder que posibilite la formación de un nuevo gobierno y
el progreso de la Nación. La construcción ideológica y material del nuevo país
será concomitante con la paralela destrucción de la hegemónica dominación que
tuvieron las ideas del neoliberalismo ecofinanciero, difundidas durante los
últimos 50 años por la pléyade de políticos, comunicadores y economistas
oficiales, expresiones cipayas de mezquinos intereses, defensores funcionales
de los sectores sociales del privilegio y, en consecuencia, corresponsables por
la involución de la Nación. 






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